Narcotráfico: “Falta coordinación entre la jurisdicción provincial y la federal”

El integrante del Supe­rior Tribunal dio su punto de vista como funcionario y cadedrático respecto a la problemática del narcotrá­fico, delito que en Corrien­tes interviene exclusiva­mente la Justicia Federal.

—¿Cuáles son las difi­cultades para atacar el de­lito de narcomenudeo?

—Se debe contar con herramientas del Estado basadas en la cultura ética, la colaboración internacio­nal y la política criminal. La cuestión del narcotráfico, por su complejidad y por­que la problemática abarca no solamente a más de una provincia o país, es uno de los fenómenos delictivos conocidos como transna­cionales, y ha sido siempre considerado un delito cuya investigación y juzgamien­to el Congreso de la Nación Argentina atribuyó al fuero federal e incluso por el ca­rácter transnacional se ha visto superado. Hoy ningún Estado unilateralmente sin la cooperación y el inter­cambio de experiencias, información y también de prevención, detección temprana y sanción podría combatir este problema.

—¿Qué características tiene el delito del narco­tráfico?

—El problema del nar­cotráfico es complejo y completo, porque detrás del narcotráfico se oculta el verdadero rostro y propó­sito de las organizaciones criminales internacionales, que es la obtención de ga­nancias ilícitas o ilegales. Esto significa que es más que necesaria una política criminal como de superla­tiva importancia para en­frentar este fenómeno, y los estados nacionales, las democracias, por una cues­tión ética ineludible deben enfrentar al narcotráfico.

—¿Con qué elementos debe contar el Estado para atacar al narcotráfico?

—La herramienta, dentro del marco de la ley, es una política criminal eficaz a la altura de los tiempos y de las circunstancias. Esto re­basa la estructura diseñada para combatir la delincuen­cia convencional, como un robo por ejemplo. Porque todo lo relacionado con el narcotráfico responde a una logística y a una orga­nización e ingeniería pen­sada hasta en los mínimos detalles, por lo que enfren­tarse a ese fenómeno re­quiere como mínimo estar con herramientas eficaces.

—¿Por qué considera importante la ética para luchar contra las drogas?

—Lo que se necesita es una postura ética, porque también hay un costado de vulnerabilidad socioeconó­mica que es aprovechada por las organizaciones cri­minales en la necesidad de la población acuciada por las urgencias económicas, y lo más grave, la mayor transgresión ética, es la venalidad, la codicia des­medida y la corrupción en los niveles medios y altos de toda la administración pública de la República Ar­gentina y países que están soportando este flagelo.

Esa venalidad es la vulne­rabilidad que más fortalece y de la que toman ventaja las organizaciones crimina­les. Esto, lamentablemente, en nuestro país hoy es mo­neda corriente, porque no es casual que este tipo de organizaciones penetren en lugares donde era inimagi­nable que podrían llegar.

—¿Qué postura tiene el Superior Tribunal de Jus­ticia respecto de la ley que federaliza la lucha contra el nacomenudeo?

—La legislación vigente prevé la posibilidad de que el narcomenudeo pueda ser investigado o juzgado por las provincias en virtud de un convenio con la Nación, que requieren trámites le­gales. Hay provincias que adhirieron. La provincia de Corrientes no se adhirió a la llamada Ley de Narcome­nudeo y el Superior Tribu­nal dictó una acordada en la que manifiesta expresa­mente la necesidad, en caso de que la provincia decida adherirse al convenio con la Nación, de contar con una serie de recursos, meca­nismos, capacitación, entre otras necesidades para que sea un aporte y que se tra­duzca en un avance y que no se retroceda.

—¿Cómo se puede hacer para coordinar las accio­nes entre la Justicia pro­vincial y la federal?

—Este problema, como casi todos los problemas sociales, hoy ya no puede ser resuelto desde un dis­curso que se apropie de la verdad. El monopolio de la verdad en las cuestiones sociales y de hondo calado humano, no existe. Hay que escuchar todas las voces en la medida que sean serias, con solidez científica y bien intencionadas. Es necesario hacer un abordaje integral, hay que dialogar, pero con base de conocimiento só­lida. Tiene que haber diá­logo interdisciplinario y en esta cuestión debe estar el discurso del Estado que se expresa por la metodología jurídica.

Todo requiere de elemen­tos catalizadores y meca­nismos eficaces.

—¿A cuánto se está de ese proceso de análisis in­terdisciplinario?

—Estamos lejos, porque hay soberbia. No existe diá­logo entre la jurisdicción provincial y la federal. Es necesario el diálogo inter y multidisciplinario para que el abordaje sea integral, para generar prácticas en el marco de la ley.

—¿Cómo se avanza en la capacitación de los jueces para abordar esta proble­mática?

—Desde la mirada jurídi­ca lo que no se puede sosla­yar, desde la lógica jurídica penal, es que el narcotráfi­co busca instalar un círcu­lo de producción delictiva, porque desde el diseño de las drogas, pasando por la elaboración, fracciona­miento, distribución y el blanqueo de activos existe un ciclo completo. Es una gran empresa que se mane­ja con dinero que, cuando no se pueden comprar vo­luntades, llega a la etapa de la violencia.

—¿Existe un programa de capacitación para jue­ces?

—Sí, está en marcha. Pero contra narcotráfico, no. Es porque no es com­petencia provincial. Lo que sabemos es de teoría.

—¿Se analiza el estudio de la conexidad de delitos pro vinciales con el narco­tráfico?

—Es una cuestión. Exis­ten asociaciones ilícitas, re­cursos ilegales que utilizan las organizaciones crimina­les. Y las Justicias provin­ciales no pueden mirar para otro lado, deben hacerse cargo de manera seria y efi­caz.

—¿Existe previsión para avanzar en la lucha contra el crimen organizado?

—La picaresca delictiva muta con fluidez, porque la burocracia judicial bloquea la improvisación que fluye de la sociedad y para eso hay que hacer análisis pros­pectivos, pensar a futuro.

—¿Cómo se podría avanzar desde la provin­cias para tener criterios uniformes en la lucha contra el narcotráfico?

—Coordinación y diálo­go interjurisdiccional a tra­vés de un convenio marco, desde la Nación hacia las provincias y a la inversa, pero con intervención y compromiso de todos los que tengan algo que decir, incluso las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la pro­blemática del consu­mo de drogas.

—¿Qué importan­cia tendría la Policía Judicial en la inves­tigación de los deli­tos?

—La Policía Judicial está reconocida como un instru­mento en la investigación judicial y una herramienta muy valiosa para aportar en la dilucidación de las res­ponsabilidades criminales.

—¿A cuánto se está de la creación de la Policía Judi­cial?

—No tengo la respuesta y no depende del Poder Ju­dicial. No puede un Poder o un funcionario dar res­puestas. Para ello se requie­re política global de Estado, con vistas a futuro. Está in­corporada en la legislación, pero está en la voluntad política, y la idea de hacerla funcionar, es aceptable.s

EN 2014, EL SUPERIOR TRIBUNAL SE MOSTRÓ CONTRARIO A LA LEY DE NARCOMENUDEO.

Ley de Narcomenudeo

Alejandro Chaín

Es necesario el diálogo inter y multidisciplinario para el abordaje, que debe ser integral.

El Gobierno provincial emitió un compromiso para lu­char “frontalmente” contra el narcotráfico y hasta elevó al grado de Dirección General del Crimen Organizado a la ex Dirección de Toxicomanía. Pero tras años de haber­se sancionado la Ley Nacional 26.052, Corrientes no ad­hirió a la normativa que habilita a los jueces provincia­les a intervenir en los casos de venta de estupefacientes para consumo