Prohíben la salida del país a imputado por el delito de trata
Está procesado y la causa está en camino a juicio oral. Había pedido autorización para viajar de vacaciones a la República Dominicana.
Un empresario de la ciudad de Chajarí recibió la prohibición de salida del país por estar procesado y pronto a ser juzgado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en una plantación de pinos de la provincia de Corrientes.
El imputado, Gustavo Javier Percara, solicitó permiso para tomarse unas vacaciones familiares en la República Dominicana entre los días 4 y 21 de junio.
Ante esto el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido al señalar “la peligrosidad que implica la concesión de salida del país pudiendo el imputado darse a la fuga, y evitar de este modo la realización de la audiencia de debate”.
En esta línea, los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazaron el pedido a fin de garantizar la realización del juicio que aún carece de fecha de inicio. La justificación fue que el encartado “enfrenta una pena en expectativa que tiene como máximo establecido quince años de prisión, y si bien la severidad de la escala penal y la seriedad en la imputación no pueden, por sí mismas, justificar la denegatoria de una salida extraordinaria, indudablemente constituyen pautas objetivas a tener en cuenta”.
El empresario está encausado por haber reducido a la servidumbre a 40 obreros, en connivencia de otros siete titulares de empresas y de una cooperativa.
Los imputados de esta causa habrían alojado a las víctimas en un colectivo viejo con camas cucheta y durante el día los habrían obligado a realizar tareas vinculadas a la explotación forestal de eucaliptus durante jornadas de diez horas. Además, no se encontraban registrados. Los trabajadores no contaban con agua potable, luz eléctrica, baños ni elementos para poder conservar alimentos.
La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal federal de primera instancia Fabián Martínez.
Este acusador reactivó una causa que estaba paralizada por la inacción del ex fiscal de esa jurisdicción, Benito Pont, quien debió renunciar por estar vinculado a una red de trata de personas. Martínez puso en marcha la investigación que se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-Afip advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), sección Paso de los Libres.
Tras esto se allanaron los emprendimientos de la empresa y en una de esas fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas, y en la otra un total de 19 víctimas en similares condiciones.
En agosto de 2017, Martínez dio por cerrada la investigación y pidió juicio oral y público para ocho empresarios, a quienes acusó por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en los campos dedicados al cultivo de eucaliptos -ubicados en cercanías de aquella ciudad- pertenecientes a la empresa denominada “El Batelito SA”, e imputó a Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara, como coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa Tierra Colorada, con domicilio legal en Misiones, y de tres hermanos, socios integrantes de la firma “El Batelito SA” de Entre Ríos.
En tanto, otras cuatro personas están imputadas en grado de partícipes necesarios. Se trata de Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda., y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador registrado en el Renatre habría contactado y captado a algunas de las víctimas.s