El paro, los políticos y la crisis

El paro general que se concretó ayer, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) con el acompañamiento de las otras centrales sindicales, tuvo una impactante contundencia, tanto que en la Casa Rosada no pusieron empeño en dis­cutir el nivel de adhesión y solamente se circunscribie­ron a la crítica, en el plano conceptual, y a la queja sobre los presuntos motivos políticos de la medida. “Estamos hartos de los paros, es el quinto que sufre este gobierno. Igual, ya sabemos que cuando el partido gobernante no es el de los sindicalistas, hay que bancarse los paros”, dijo la ministra Patricia Bullrich, que se transformó en vocera del Gobierno. También habló Dante Sica (Pro­ducción) y el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, se refirió a las pérdidas económicas que ocasionó la huelga. El presi­dente Mauricio Macri no opinó públicamente sobre el tema, enca­bezó el acto por el Día del Ejército sin siquiera una alusión a la pro­testa que paralizó a la Argentina.

No es buena señal haber llegado a este extremo. No es positiva una medida de fuerza de esta mag­nitud pues no aporta soluciones plausibles, del mismo modo tam­poco supone una contribución la indiferencia de las autoridades, más allá de las decla­raciones de compromiso de algunos miembros del Ga­binete. Frente al reclamo, legítimo, del sector sindical que constituyen la representación -bien o mal- de los trabajadores, la administración Cambiemos parece ha­ber entrado en un riesgoso estado de autismo. Hay me­jores caminos para superar la controversia que impone la coyuntura, sin embargo el Gobierno ha optado por el menos conducente.

El mutismo no solo de Macri sino de todo el ala po­lítica del Gobierno evidencia un deterioro de la capaci­dad de maniobra, desde lo institucional, ante la protes­ta formal y expone una pertinaz obcecación para ofre­cer respuesta a los reclamos. ¿Y si el Presidente apro­vechaba la oportunidad para un llamado al diálogo, en procura de alcanzar una concertación que permita afrontar las dificultades que enfrenta el país? Muy po­siblemente este convite -que por otra parte estaría en sintonía con lo que acaba de pedir la Iglesia- obligaría a las centrales sindicales a desarmar la guardia y las pon­dría en la incómoda disyuntiva de seguir pataleando o comenzar a dialogar. Sin embargo, nada de esto suce­dió. Hay una comodidad implícita en la obstinación de uno y otro lado.

Animarse a buscar la concertación implica para el gobierno de Macri un reconocimiento de la realidad, el primer paso es una autocrítica que -claramente- no está dispuesto a conceder en plena campaña. De igual modo, en la vereda de enfrente, aceptar un hipotético llamado al diálogo exige no solo apertura, también interés legítimo y vo­cación por el bien común. Esta adolescencia que muestran go­bernantes y sindicalistas reduce todo a una encrucijada política. Las demandas de los trabajadores, aunque evidentes y legítimas, no suelen tener prioridad en estos to­petazos del poder.

Así las cosas el paro general ter­mina reducido a una manifesta­ción política que, a su vez, tiene un tratamiento y respuestas oficiales de carácter político. Y los problemas de fondo siguen en pie. Por eso cual­quier aspecto que se tome para discutir sobre la medida de fuerza es tan valedero como circunstancial. Inocuo a la realidad apabullante. Por ejemplo, el ministro Du­jovne advirtió que la huelga dejó una pérdida superior a los 40.000 millones de pesos.

La industria y el comercio fueron los más afectados. El ministro dio detalles por sector. Y seguramente no faltó a la verdad, sin embargo, su análisis pierde consis­tencia comparado con los 30.000 millones de dólares que fugaron del país con las sucesivas corridas cambia­rias y la timba financiera. Es que siempre hay un esca­lón