Enjuician a dos narcos itateños que eran protegidos por un comisario
Están acusados de almacenar más de 700 kilogramos de marihuana.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes iniciará a partir de las 9 de hoy el juicio oral y público de una causa vinculada a las actividades de narcotráfico vinculadas al Operativo Sapucay, de tráfico de drogas desde Corrientes a siete provincias.
El debate es para determinar las responsabilidades de Eduardo Zacarías Brítez y de Jorge Eduardo Espinoza con relación al almacenamiento y transporte de casi 450 kilogramos de marihuana en la localidad de Itatí.
La audiencia será en la sala del Tribunal Oral Federal de Corrientes y será llevada adelante por los magistrados Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas. La fiscalía estará representada por Carlos Adolfo Schaefer, y la defensa será llevada adelante por Alejandro Federico Gómez.
HOMICIDIO EN EL LAVADERO
Tanto Zacarías Brítez como Espinoza están imputados por homicidio en una causa de la Justicia Provincial que carece de avances, aunque ambos ya fueron procesados y por lo que el primero está detenido en la Unidad Penal 6 de San Cayetano.
El hecho que se los atribuye ocurrió el 7 de julio de 2016 cuando Miguel Ángel Zalazar murió de un tiro en la cabeza, disparado supuestamente en forma accidental por Zacarías Brítez, alias “Bebecho”.
Fue en un lavadero de autos de Itatí donde la víctima, un joven oriundo de la localidad misionera de Concepción de las Sierras, de 23 años, trabajaba y donde Zacarías Brítez llegó en un automóvil junto a “Chaquito” Espinoza para -según declaraciones de los imputados- mostrarle un arma recientemente adquirida. Esa pistola expulsó la bala que mató al joven misionero.
En un primer momento se creyó en la posibilidad de que el asesinato se debió a un ajuste entre bandas narco, hecho que las autoridades locales y hasta el ministro de Seguridad de la Provincia de aquel entonces, Horacio Ortega, buscaron dejar claro que se trató de un accidente, y el intendente local, Roger Terán -posteriormente detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico-, deslizó la hipótesis de que “se trató de una pelea por una mujer”.
Nadie sospechó ese 7 de julio que el hecho luctuoso develaría la relación entre las autoridades policiales -y gubernamentales- con las organizaciones criminales que traficaban desde Itatí unas 15 toneladas de marihuana por semana a siete provincias.
Esa connivencia quedó al descubierto a partir del descubrimiento de unos 749 kilogramos de marihuana que estaban acopiados dentro de una camioneta, oculta en la casa de “Chaquito” Espinoza, pero donde residía temporalmente Zacarías Brítez.
La droga fue encontrada por la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Policía de Corrientes, cinco días después del crimen.
El hallazgo de esa carga de drogas originó una causa judicial en el fuero federal, cuyo juicio se realizará hoy. El homicidio ya había generado un expediente en la Justicia ordinaria.
En ambas están imputados “Bebecho” y “Chaquito”.
FUERON PRÓFUGOS LOS DOS
Los investigadores policiales advirtieron que los prófugos habían aprovechado la cercanía con el Paraguay para abandonar el país, sin embargo la salida del territorio los ponía en riesgo porque, además de los policías, los presuntos homicidas también eran buscados por los narcos.
Esto es porque la presencia de los efectivos policiales y de las fuerzas de seguridad en la zona imposibilitaba que las bandas criminales puedan desarrollar el tráfico de drogas.
En esas circunstancias los policías habían encontrado en las afueras de la ciudad una camioneta robada totalmente destruida tras haber sido incendiada. La hipótesis fue que había sido preparada para transportar estupefacientes, pero esa operación quedó trunca por el patrullaje intensivo de los efectivos policiales.
Los dos acusados se pusieron a disposición de la Justicia luego de haber estado prófugos varios días.
El 15 de julio de 2016 Espinoza se presentó en la unidad de la Policía Federal en Corrientes y se puso a disposición de la Justicia Federal. Tiempo después le otorgaron la libertad condicional y se volvió a profugar. Fue apresado nuevamente el 26 de julio de 2018 y fue enviado a la Cárcel de Marcos Paz, en Buenos Aires.
En tanto, Zacarías Brítez también había decidido ponerse a disposición de la magistratura. Eligió presentarse en el Juzgado de Instrucción Provincial Nº 1, el 18 de agosto de 2016.
Llegó junto a un abogado, quien pidió entrevistarse con la jueza Norma Beatriz Agraso, quien tramita el expediente 150.543 caratulado “Brítez, Eduardo p/Supuesto homicidio simple-Itatí”.
Quedó detenido y al otro día fue llevado a la Unidad Penal 6, donde continúa privado de la libertad.
Tras estas detenciones avanzaron las tramitaciones en el fuero federal.
El fiscal federal de primera instancia, Flavio Ferrini imputó a los involucrados por narcotráfico. Sostuvo que “Espinoza brindó el espacio físico -el cual era su residencia permanente- para el almacenamiento del material estupefaciente y posterior distribución y comercio”. En cuanto a Zacarías Brítez, sostuvo que está probado que conducía con habitualidad el vehículo hallado con marihuana en la casa que habitaba. s
El policía que cuidaba a los narcotraficantes
El 14 de marzo de 2017 Diego Ocampo Alvarenga, comisario de la localidad de Itatí -pero domiciliado en San Cosme- fue detenido en el marco del Operativo Sapucay por orden del juez federal porteño Sergio Torres, quien lo acusó de proteger a los narcos que operaban en esa localidad y que traficaban la droga que luego era comercializada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las pruebas que obran en su contra surgen de escuchas telefónicas a personas vinculadas a operaciones de narcotráfico, audios grabados en los días posteriores al homicidio de Miguel Ángel Zalazar, por las que fueron procesados Eduardo Zacarías Brítez y Jorge Espinoza.
Los investigadores policiales advirtieron que los prófugos habían aprovechado la cercanía con el Paraguay para abandonar el país, pero desestimaron esto cuando los testigos aseguraron que ambos seguían en la localidad y sospechaban que seguían libres por la inacción del comisario del pueblo, Diego Ocampo Alvarenga. Según consta en el expediente 3002/2017 del Juzgado Federal 12 de Buenos Aires, “los familiares de Bebecho entregaron plata al comisario para que pararan la búsqueda”. s