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Contundente rechazo en Brasil a la ley de armas de Bolsonaro

Una nueva encuesta reveló que el 61% de los brasileños son contra­rios a que se facilite la compra de armamento en el país.

Aunque el presidente Jair Bolsonaro encara su polí­tica de flexibilización de armas de fuego como una respuesta al supuesto re­clamo de la población, una nueva encuesta reveló que el 61% de los brasileños son contrarios a que se facilite la compra de armamento y un 73% se oponen a que ciudadanos comunes pue­dan portar armas.

De acuerdo con el son­deo realizado por Ibope, solamente un 36% de los consultados son favorables a permitir un mayor acceso a las armas de fuego, mien­tras que un 61% están en contra y un 2% no supieron contestar o prefirieron no hacerlo.

En tanto, apenas el 26% de los encuestados consi­deran positivo que se flexi­bilice la portación de armas para ciudadanos comunes; el 73% lo ven como nega­tivo, y el 1% no supo res­ponder u optó por no dar su opinión. En los cinco meses que acaba de cumplir en el gobierno, Bolsonaro ha he­cho de su política de flexi­bilización de armas una de sus principales banderas, y siempre resalta que los go­biernos anteriores, del PT (Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff), no hi­cieron valer los resultados de un referéndum de 2005 en el que casi el 64% de la población votó en contra de prohibir el comercio de ar­mas de fuego en Brasil.

Apunta también que du­rante su campaña electoral, el año pasado, prometió a su base de apoyo dar más faci­lidades para la adquisición de armas y su portación. Así, dos semanas después de asumir el poder, el 15 de enero, el nuevo mandatario firmó un decreto que sua­vizó la compra de armas, mantuvo las exigencias de edad mínima de 25 años, certificado de aptitud téc­nica y psicológica, así como comprobante de ausencia de antecedentes penales. Luego, el 8 de mayo, emitió otro decreto por medio del cual se amplió la cantidad de categorías de personas que podrían portar armas en la vía pública, para in­cluir a políticos con cargos electivos, abogados, camio­neros, residentes rurales y hasta periodistas que cu­bren temas policiales, entre otros.s