Prestamistas criminales: la trama de los policías que daban protección a los narcos

Un lavadero y una con­cesionaria de autos eran las pantallas que utilizaba una banda de narcopolicías para blanquear el dinero que ob­tenían de la venta de estu­pefacientes y de los cobros por protección a organiza­ciones narco.

Estos numerarios además daban préstamos de dinero por fuera del mercado legal, y comercializaban vehícu­los que inscribían a nombre de sus parejas.

Los líderes de esta banda eran los ex policías Abe­lardo “Martillo” Acevedo y Jorge Omar Romero alias “Ñoqui”, quienes se des­empeñaban en el área de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Co­rrientes y hasta habían for­mado parte de la custodia del Poder Ejecutivo.

Contaban con la colabora­ción de sus parejas, Veróni­ca Orué y Elsa Domínguez, respectivamente; del gestor Jorge Victoriano Gómez y de su sobrino Martín Gómez.

Todos ellos son juzgados en el Tribunal Oral Federal de Corrientes por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos agravado por ha­berse cometido en banda y aguardan sentencia.

Independientemente de estas acusaciones, se avan­zaría en investigaciones por su posible participación en actividades de narcotráfico.

CUSTODIA A LOS NARCOS

Los ex policías provin­ciales Acevedo y Romero, sospechados de lavar dine­ro, se habían desempeñado como investigadores en un área sensible de la fuerza de seguridad que les permitía obtener datos precisos res­pecto de las organizaciones criminales que operaban en la provincia.

Esto les facilitaba tener contacto con las bandas cri­minales a las que les cobra­rían un canon a cambio de darles protección.

Estos supuestos acuer­dos surgieron de la causa del Operativo Sapucay, en la que la Procuración de la Narcocriminalidad inves­tigó el tráfico de estupefa­cientes desde la provincia de Corrientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y otras siete jurisdic­ciones.

La causa lleva el número 3.002/2017 y está tramitada en el Juzgado Federal y Co­rreccional 12 de la Caba.

En ese expediente se iden­tificó a los líderes de tres bandas criminales que ope­raban desde Itatí. Se trata de Luis “El Gordo” Saucedo, ac­tualmente prófugo; Carlos “Cachito” Bareiro y Federico Sebastián “Morenita” Ma­rín, todos ellos actualmente procesados y a la espera de ser juzgados.

En el contexto de esas in­vestigaciones, un testigo de identidad reservada afirmó que los narcos “arreglan con Martillo, jefe de la Brigada de la Policía de Itatí; si no hay torta no pasan y por eso tienen que pagarles, para que los dejen vender droga”.

Estas afirmaciones fueron reforzadas por otro involu­crado en la causa del Ope­rativo Sapucay, el abogado Omar Serial, quien actual­mente está detenido y a la espera del juicio por sus su­puestas vinculaciones con las bandas narco itateñas. Éste había declarado que “Martillo era un empleado de la Brigada de Investi­gaciones de Corrientes” y ahondó en detalles al decir que “Martillo es Bernardo Acevedo”.

La sospecha es que los ex policías recibirían por parte de los narcos importantes montos de dinero y carga­mentos de estupefacientes como pago por la protec­ción.

MECANISMOS ACEITADOS

La organización dirigida por los ex policías comenzó a ser investigada en 2014, cuando la Policía Federal investigaba cómo operaba una organización de narco­tráfico instalada en Itatí. El seguimiento a una camio­neta Toyota Hilux los llevó a una casa en construcción ubicada en la calle Suecia casi Ruta Nacional 12, en el barrio Pirayuí de esta Capi­tal, que estaba custodiada por un vigilador. El roda­do ingresó al lugar, estuvo unos minutos y se alejó.

Los efectivos federales se entrevistaron con el hom­bre, quien reveló que el conductor del vehículo ha­bía dejado unos paquetes en el predio. Minutos después el rodado fue interceptado a pocas cuadras y estaba con­ducido por Martín Gómez.

El 1 de octubre de ese año se allanó ese predio con una orden del juez federal Juan Carlos Vallejos. En el lugar hallaron 412 kilogramos de marihuana acondicionada en envoltorios empapa­dos con grasa de motor y combustible para ocultar el olor. También había droga oculta entre las chapas de una camioneta Volkswagen Saveiro y de un Volkswagen Gol. En ese lugar también hallaron folletos en los que se ofrecían préstamos de di­nero sin trámites engorro­sos y documentos a nombre de Martín Gómez, quien fue procesado en la causa 5.058/2014 por el delito de narcotráfico.

Las averiguaciones por este hecho quedaron para­lizadas hasta 2016, cuando los federales avanzaron en una averiguación por acti­vidades de tráfico de drogas desde Corrientes a Resis­tencia y en la que descu­brieron que la organización criminal operaba de noche en un lavadero de autos ubicado en la calle Tacuarí al 1700 del barrio Villa Chi­quita. Un grupo de efectivos federales instaló un puesto de vigilancia en ese lugar a fin de identificar a los invo­lucrados en las actividades.

En la noche del 12 de abril de 2016 vieron que una camioneta Ford Ranger entró al local del lavadero. Cuando salió, los policías intentaron identificar a los conductores, pero éstos aceleraron para escapar. Un móvil policial les cerró el camino y los sospecho­sos dispararon una ráfaga de balas contra el vehículo, pero luego retrocedieron al ver que desde atrás avanza­ban dos policías en motos.

El conductor de la camio­neta embistió a la motoci­cleta, pero antes del impac­to los policías lograron sal­tar del rodado. El utilitario pasó por encima de la moto, giró hacia una calle lateral y se alejó.

Esto dio origen a la cau­sa 1.661/2016 por tráfico de drogas y atentado contra la autoridad pública.

Por otra parte, mientras se intentaba dar con la ca­mioneta Ford Ranger, que fue hallada después, se alla­nó el local en el marco de la operación “Lavadero Ver­de”. Ese 13 de abril la Policía Federal halló enterrados en ese predio 400 kilogramos de marihuana, armas y fo­lletos con números telefó­nicos de contacto en los que ofrecía dinero, además una motocicleta a nombre de Martín Gómez. El local, per­teneciente a un ex oficial de la Policía de Corrientes era alquilado y el garante de esta operación era Abelardo “Martillo” Acevedo.

Estos folletos llevaron a la conclusión de que la banda prestaba dinero provenien­te del narcotráfico.

Las intervenciones a lí­neas telefónicas y los segui­mientos a Gómez y Aceve­do llevaron a descubrir las operaciones de lavado de activos y lograron estable­cer que la organización ope­raba en el estacionamien­to del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”.

Ese día se concretaron cinco allanamientos, en los que detuvieron a los involu­crados y secuestraron gran cantidad de armas.s