División de poderes, según el lado

El doctor Daniel Sabsay, reconocido -y presti­gioso- abogado constitucionalista escribió en los últimos días para la agencia oficial Télam un artículo de opinión titulado “Sin separación de poderes no hay República”, en el que se explaya con meridiana claridad -al fin y al cabo es un consumado docente- sobre los riesgos que conlleva la intromisión de uno de los poderes del Estado en la actividad de otro de los poderes. “En una República la separación de los poderes es uno de los elementos basales”, dice el catedrático y advierte que en ese marco “la indepen­dencia de la Justicia es crucial porque es, precisamente, el Poder que va a ejercer el control sobre los otros órganos, hablo del Ejecutivo y el Legislativo”. La preocupación no es nueva, ni la de Sabsay ni la de buena parte de la sociedad que asiste inerme a los excesos de los políticos, circuns­tanciales administradores de las instituciones.

La luz de alarma tiene un moti­vo preciso, el anuncio -con tono de amenaza- del kirchnerismo, pun­tualmente de su candidato a pre­sidente, Alberto Fernández, quien se mostró dispuesto a revisar los fallos judiciales. Se trata de una idea peregrina que no tardó en recibir tachaduras de todo calibre, incluso des­de la Corte.

Sabsay dice al respecto: “La propuesta de sanción de una ley para la revisión de juicios infringe, absolu­tamente, ese principio. Esto sucede porque importará la intervención directa del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Los procesos se sustancian dentro de la Justicia, comienzan y terminan dentro de ella. Nin­guno de los poderes se puede inmiscuir, ya sea en un proceso en curso, que está tratando una causa, o en un proceso terminado donde ya ha habido condena. Una intervención legislativa, con alcance retroactivo, tal como el doctor Eugenio Zaffaroni propone, destruye todo ese sentido de juez natural, es decir nos toca el juez que ha sido sorteado para nuestra causa y, ade­más, destruye el sentido de independencia del Poder Judicial porque va a aparecer otro que se va a inmiscuir y al inmiscuirse va a tener una posición superior a él”.

En su artículo, el catedrático explica: “Se habla como justificativo a esta tan extraña herramienta de sanción de una ley de revisión, que estaríamos frente a la exis­tencia de presos políticos, lo que no existía desde hace 30 años, creo que se refiere al proceso militar. Nada más alejado de la realidad. Acá se están juzgando a personas porque se presume que han cometido hechos de co­rrupción y en la vía procesal va siguiendo las distintas instancias: la instrucción en Fisca­lía, luego el juicio oral, la Cámara de Apelación, la Cámara de Casación y todavía, si efectivamente se hu­biesen violado garantías constitu­cionales, se llegará hasta la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, dentro de las normas del debido proceso. Inclusive existe todavía una instancia supranacional que son la Comisión y la Corte Intera­mericana de Derechos Humanos que también pueden revisar fallos cuando se han violado derechos y garantías”.

Muy probablemente el doctor Sabsay no tenga noti­cias del caso Tato Romero Feris, que aun con dictáme­nes favorables de los organismos supranacionales (Co­misión Interamericana de Derechos Humanos) sigue padeciendo castigo. Sucede que una cosa es la teoría, que propugna un ideal, y otra muy distinta es la aplica­ción del Derecho por parte de personas impregnadas de subjetividades e imperfecciones como cualquier otro ser humano. La prédica de Sabsay cayó en el tacho de basura el día que el presidente Macri sentó al senador Pichetto a la mesa del Gabinete Nacional. ¿Y la división de poderes? ¿Renunciará Pichetto al Consejo de la Ma­gistratura, cargo al que accedió en representación de la oposición? ¿A quién representa hoy? Pregunta repetida, ¿y la división de poderes?s