¿Estrategia o irresponsabilidad?

Los subsidios oficiales siguen firmes y generosos, no tan abundantes como en la gestión anterior, pero lo suficientemente robustos como para desmoronar cualquier pretensión de alcanzar un cuadro de normalidad, y sobre todo para enjuiciar al Gobierno con la imputación de incoherencia. El dis­curso de Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio) en esta materia, colisiona con la desventura de su propio accionar, que lamentablemente profundiza una asime­tría que lastima el bolsillo de la gente, además deteriora el sentido del deber al que están obligados los adminis­tradores de la cosa pública. Y el resultado es inexorable, más desequilibrio. Habrá que pa­garlo más temprano que tarde.

Las últimas medidas del presi­dente Mauricio Macri, empeñado en mantener a flote el barco hasta las elecciones de octubre, eviden­cian un derrape hacia el modelo populista que tanto criticó cuan­do hacía campaña para llegar al poder. Veamos: subsidio de hasta $600.000 para los que pretendan llegar al techo propio a través de la nueva línea Procrear. Habrá 10.000 créditos disponibles, a ra­zón de $600.000 por cabeza, da la friolera de $6.000 millones. Al mismo tiempo anunció subsidios de entre $50.000 y $90.000 para quienes va­yan por un auto nuevo; el programa contempla un total $1.000 millones para las automotrices.

¿Estrategia de reactivación o irresponsabilidad fiscal? El programa dedicado a los autos Cero km parece tener algunas bondades, no obstante la controversia está so­bre el tapete. El Gobierno recorta la obra pública porque está obligado a bajar el déficit fiscal, pero no tiene pro­blemas en subsidiar a las automotrices. Es verdad que este sector también está en crisis, pero si es por eso de­berían subsidiar también a los textiles o los productores de alimentos.

Es extraño, en la Casa Rosada se pasaron cuatro años diciendo que subsidiar la luz, el gas o el transporte era costoso y muy malo, pero ahora facilitan la compra de autos Cero km con recursos del Estado. Un verdadero contrasentido.

El caso del transporte público también merece una revisión. El año pasado, por vía del acuerdo fiscal que firmó con las provincias, el gobierno de Macri transfirió a los gobernadores (y por extensión a los intendentes) la obligación de atender los subsidios a las empresas que explotan ese servicio. Ese esquema generó gravísimos problemas en el interior del país, lo que pasa en Co­rrientes es un buen ejemplo.

Las provincias podían destinar recursos propios para seguir subsidiando esos servicios, todo o parcialmente, o podían pa­sar a tarifas lo que el Estado ya no paga al interior, pero sí a Capital Fe­deral y al Gran Buenos Aires (donde gobiernan sus delfines). Se decidió también mantener el Impuesto so­bre los Bienes Personales: con eso se creó un fondo compensador al que irían $6.500 millones para asis­tir a las provincias. El fondo alcan­zaría a cubrir el 25% de lo que des­tinaba la Nación, un 50% tendrían que poner las provincias y el otro 25% restante pasaría a tarifas.

El Gobierno de Corrientes estableció en el Presupues­to anual 2019, un fondo de $300 millones para cubrir la parte del subsidio que le correspondía (el 50%), en paralelo se aplicaron tarifazos estremecedores. Pero no alcanza. En abril el Gobierno provincial abrió un fondo especial de $100 millones para atender únicamente a las empresas de la ciudad de Corrientes y aun así siguen los inconvenientes. La semana pasada, un paro de choferes terminó en una brutal represión. Cobraron los colecti­veros, pero también los particulares. Dicen que el ex go­bernador Ricardo Colombi destrabó el conflicto. En ese contexto el hombre deslizó una denuncia: los empresa­rios deben $130 millones en patente a la Municipalidad. ¿Y el tarifazo? ¿Y los subsidios?

Nada ha cambiado con Cambiemos. s