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La Corte limitó escuchas judiciales y pidió “criterio restrictivo”

La decisión fue tomada por los cinco in­tegrantes del cuerpo.

La Corte Suprema de Jus­ticia decidió limitar la reali­zación de escuchas y pidió a los magistrados que las or­denen con “criterio restricti­vo” y de manera “fundada”.

En medio de la polémica que suscita de manera con­tinua la difusión de escu­chas judiciales, el máximo tribunal del país firmó una acordada para limitarlas.

La decisión se tomó con la adhesión de los cinco miem­bros de la Corte, Carlos Ro­senkrantz, Juan Carlos Ma­queda, Elena Highton, Ri­cardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

“Esta Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial de la Nación y como supremo custodio y último garante del goce de las garantías individuales, sigue con preocupación los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicacio­nes, cuya interceptación y captación sólo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos pe­nales en curso”, expresó el tribunal.

La última controversia por la difusión en los medios de escuchas telefónicas tuvo lugar semanas atrás con las grabaciones de la denomi­nada “Operación Puf”, con conversaciones de deteni­dos y ex funcionarios kirch­neristas.

En ellas, aparecen hablan­do el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés y el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, quienes supuestamente sabían de antemano la denuncia en Dolores que tiene a cargo el juez Alejo Ramos Padilla, sobre extorsión y espionaje ilegal que tiene detenido al supuesto abogado Marcelo D’Alessio e imputado al fis­cal federal Carlos Stornelli.

Las limitaciones fueron fi­jadas en la acordada 17/2019, en la que los supremos re­cordaron que las “escuchas” sólo pueden ser dispuestas por orden “fundada” de un juez para casos concretos.

El Tribunal pidió a la Co­misión Bicameral Perma­nente de Fiscalización de los Organismos y Activida­des de Inteligencia que “certifique que la Agencia Federal de Inteligencia no realiza tareas de investiga­ción criminal ajenas a las expresa y específicamente solicitadas como requeri­miento de asistencia por los magistrados judicia­les”.

La Corte Suprema ex­hortó a los magistrados a que “extremen los recaudos necesarios para establecer límites objetivos en la in­corporación de elementos probatorios al expediente, excluyendo: cualquier co­municación entre los abo­gados y sus clientes o trans­cripción y/o audio en el que se registren comunicaciones sobre temas de índole per­sonal que resulten incondu­centes a la investigación”.

“El respeto o la violación de la privacidad es uno de los síntomas que permiten diferenciar a los sistemas democráticos de los regíme­nes autoritarios y/o totalita­rios”, agregó el Tribunal.

“La obtención furtiva de datos personales o informa­ción sensible sin fundamen­to en el marco de un expe­diente, la elaboración de re­gistros preventivos, la divul­gación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originaria­mente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la po­sesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no sólo deben ser prevenidos y castigados por la ley, son cuestiones que merecen el máximo repudio social”, según la Corte.s