Estudian cambios al Código Procesal Civil y Comercial

El miércoles venidero iniciará sus actividades la comisión especial de la Cámara de Diputados para proponer la modificación total del Código Proce­sal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes. El espacio fue creado por la Resolución Nº 108/18 con­forme a una iniciativa del diputado Horacio V. Pozo, y está integrada por expertos y representantes de los po­deres del Estado y de insti­tuciones representativas de las actividades vinculadas a la Justicia civil.

Según se informó, parti­ciparán representantes del Poder Ejecutivo y del Minis­terio de Justicia y Derechos Humanos, del Superior Tri­bunal de Justicia, de cada uno de los bloques políticos que conforman la Cámara de Diputados, del Colegio de Magistrados y Funcio­narios del Poder Judicial. Del sindicato Sitraj, del Co­legio Público de Abogados de la 1ra. Circunscripción y de las demás que quieran integrarla, de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia­les, de las Universidades de la Cuenca del Plata y Cató­lica de Salta. Del Centro de Estudios Procesales “Doctor Virgilio Acosta”.

La convocatoria se formó a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Marcelo Chaín. El proyecto busca que el nuevo Código de Procedi­miento sea el fruto de un amplio consenso de todos los correntinos interesados en la Justicia civil, es decir los poderes del Estado, los operadores de la Justicia, los intereses de los ciudada­nos y los profesionales del Derecho.

En su discurso de asun­ción, el gobernador Gusta­vo Valdés manifestó su in­tención de “liderar un pro­ceso de modernización, no sólo de gobierno”. Y resaltó: “Vamos a trabajar con los demás poderes del Estado para modernizar la Justicia, porque una justicia lenta, no es justicia”.

El Código vigente es el Decreto Ley 14/2000 de la Intervención Federal, que reemplazó a un vetusto có­digo, con uno similar al que se utiliza a nivel federal en proceso de ser modificado por el “Proyecto Justicia 2020”. En paralelo el Supe­rior Tribunal de Justicia se apuró a poner en práctica la oralidad mediante un pro­tocolo impulsado por el mi­nistro Guillermo Semhan, pero la experiencia camina sobre la cornisa por falta de sustento legal. De hecho los abogados han objetado la iniciativa y el debate está en curso.

El caso más cercano de reforma se dio en la provin­cia del Chaco, allí la Cámara de Diputados creó la Comi­sión de Estudio, Análisis y Elaboración del Código Pro­cesal Civil y Comercial para la provincia del Chaco. La mencionada comisión tuvo a su cargo el trabajo -duran­te un año- que finalizó con la sanción por unanimidad de la Ley Nº 7.950.

“Pretendemos que la Co­misión integrada por espe­cialistas, proponga un có­digo moderno para que la Justicia civil de Corrientes funcione como es posible en este tiempo, es decir re­solviendo más rápido, que los juicios no duren inne­cesariamente 5 o 10 años. Utilizando la oralidad, pro­cedimientos abreviados, una serie de instrumentos novedosos como el proceso de monitoreo, jueces con­centrados en las causas, evi­tando las famosas chicanas y malicias y otorgando las garantías necesarias del de­bido proceso y demás pre­ceptos constitucionales, es posible una mejor Justicia para todos, menos costosa para el Estado por ejemplo”, detalla Horacio Pozo, uno de los impulsores de la idea, recogiendo opiniones de varios actores.

El desafío es significativo, otras provincias como Bue­nos Aires, La Pampa, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz y por último San Juan, ya han dado los pasos necesarios y cuentan con códigos modernos y proce­dimientos mejores. La Cá­mara de Diputados dio un paso importante creando la Comisión para que el futuro código sea un cuerpo cohe­rente, integral en el que se adecuen las instituciones a los nuevos tiempos con sus cambios sociales, económi­cos, culturales y los deduci­dos de la legislación nacio­nal de fondo (Código Civil y Comercial) y a su vez se reglamente un proceso mo­derno, ágil y eficaz. Juicios más cortos para las perso­nas que acuden a la Justicia, los tribunales trabajando con oralidad y dando garan­tías y transparencia en pla­zos más breves, el Estado invirtiendo menos recursos y dando mejor respuesta, abogados percibiendo sus honorarios en menos tiem­po y trabajando con tecno­logía desde sus estudios vía Internet.

Un conjunto de entida­des de distintos ámbitos y quehaceres de la provincia de Corrientes trasladaron al gobernador Gustavo Adolfo Valdés una inquietud sobre la inexplicable demora en la aplicación efectiva de la Ley Provincial Nº 5.911 (Código de Ética Pública de la Pro­vincia de Corrientes) que fue sancionada por la Legis­latura en el año 2009, como resultado de la reforma de la Constitución Provincial en 2007. La mencionada ley nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, los dos mandatos de Horacio Ricardo Colombi (UCR) pa­saron sin producir ninguna medida al respecto y desde que se produjo el recambio y Valdés accedió al gobierno tampoco hubo novedades.

Para que la Ley se vuelva operativa necesita de un decreto reglamentario y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Pasó una década y el Código de Ética que fue estipulado como un nuevo instituto por la Constitución refor­mada jamás superó la etapa del proyecto de buenas in­tenciones. No es descabe­llado decir que la adminis­tración de la cosa pública se realiza sin un parámetro ético. Sin control ni sancio­nes.

Entidades que nuclean a profesionales de distintas disciplinas, instituciones de la sociedad civil, religio­sas y también sindicales se unieron en un pedido para que el Poder Ejecutivo salte el bache y avance con la re­glamentación de la Ley Nº 5.911. s