Defensa de Soto Dávila pedirá una nueva fecha de audiencia indagatoria
Solicitarán que se prorrogue la audiencia en la que el ex juez y su secretario deben comparecer como imputados por violación a la intimidad.
En la causa también está imputado su ex secretario penal Pablo Molina, quien se habría beneficiado con estas acciones.
La abogada Mariana Barbitta dio a conocer que pedirá una nueva fecha debido a una superposición de actividades. “Solicitaremos una prórroga de la citación para la indagatoria del doctor Soto Dávila”, dijo la letrada -presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina- al tiempo que confirmó que su cliente está imputado por el delito de “violación de secretos y la privacidad”.
La abogada explicó que “la razón por la que se pedirá una nueva fecha es porque el 10 de julio esta defensa estará imposibilitada de asistir al juzgado de Corrientes por compromisos laborales surgidos antes de que se conozca esta citación”.
El Juzgado Federal Nº2 de Corrientes fijó audiencia para recibir declaración indagatoria al ex juez federal Carlos Soto Dávila y a su ex secretario Pablo Molina, por escuchas ilegales a personas que no eran investigadas.
La audiencia fue fijada para el 10 de julio y los dos ex funcionarios judiciales fueron citados por supuesta infracción a los delitos de “violación de secretos y la privacidad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y “falsificación ideológica de documento público”.
La investigación surge por grabaciones de conversaciones telefónicas halladas en el despacho del juez que habían sido pedidas oficialmente por Molina, con el aval de su jefe.
Lo que se presume es que Molina sospechaba que su esposa lo engañaba y usó su cargo para intervenir judicialmente el teléfono de la mujer y el de un antiguo novio de ella.
La acusación de la Fiscalía sostiene que “de manera ilegal destinaron recursos económicos del Estado, movilizaron al personal de las fuerzas de seguridad y al personal encargado de las interceptaciones telefónicas debido a una mera sospecha de infidelidad”.
La Fiscalía justificó la denuncia en que “dos funcionarios judiciales, investidos con el mandato constitucional de perseguir graves delitos vinculados por ejemplo con la narcocriminalidad, la trata de personas o los secuestros extorsivos, decidieron poner en marcha un andamiaje estatal en provecho propio”.
Por otra parte, tanto Soto Dávila como Molina se encuentran con procesamiento firme en la denominada causa del Operativo Sapucay, acusados de cobrar coimas a traficantes de marihuana de la localidad correntina de Itatí.
La imputación es porque supuestamente cobraban por excarcelaciones o desvinculaciones en procesos por narcotráfico.
Molina, además, es investigado por presunta entrega irregular a terceros de vehículos incautados.s