Condenaron a perpetua a un prefecto por caso de gatillo fácil
Un efectivo fue condenado con la pena máxima y otro, a dos años y 8 meses.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a dos prefectos por el crimen de Víctor Alegre, ordenanza de la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad.
En un fallo emitido ayer, el Cuerpo tribunalicio condenó a los ex efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Claudio Sánchez y a Walter Pérez procesados por el homicidio de Víctor Alegre, fallecido en agosto de 2016 cuando regresaba con su familia de la Isla del Cerrito.
En el fallo los jueces Víctor Alonso, Juan Manuel Iglesias y Lucrecia Rojas de Badaró condenaron a prisión la perpetua a Sánchez por considerar que es culpable de haber tirado a matar contra la víctima mientras que a Pérez lo condenaron a dos años y ocho meses por el delito de abuso de armas.
El caso tomó relevancia por tratarse del chofer del ex presidente de la Cámara Federal, José Luis Alberto Aguilar y luego de la actual titular de ese tribunal, María Delfina Denogens.
Y fue en ese contexto que el secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn), Julio Piumato, denunció que el hecho se habría tratado de “un caso de gatillo fácil”.
Para los jueces del Tribunal Oral Federal, la situación en la que fue asesinado Alegre se trató de un procedimiento policial irregular y dejó en claro que de ninguna manera ese accionar estuvo amparado por la normativa.
Lo hizo al desestimar un planteo de los abogados defensores quienes esgrimieron que la conducta de los agentes dentro polémico Protocolo de Actuación para el Uso de Armas de Fuego, elaborado y ejecutado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
En relación con esto, desestimaron los pedidos del fiscal federal ante ese tribunal, Federico Carniel, quien en su alegato pidió prisión perpetua para los dos imputados. Sostuvo que Sánchez fue el autor material y que Pérez fue “partícipe necesario del delito de homicidio calificado por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad”.
Para el titular del Ministerio Público Fiscal “tanto Sánchez como Pérez carecían a simple vista de cualquier distintivo que los identificara como integrantes de una fuerza de seguridad”.
Remarcó además que “la versión de los imputados era que Víctor traía droga -la cual apareció en una bolsa a varios metros de su auto-, pero la versión real nos indica que esa droga fue plantada por los prefectos que desde el minuto uno intentaron tapar el homicidio”, dijo Carniel en su alegato.
Tras esto el funcionario hizo foco en el “encubrimiento” para enmascarar el hecho en un supuesto caso de narcotráfico, hecho que sería analizado en otra causa en la que están imputados ocho efectivos de esa fuerza de seguridad.
Los mismos están procesados porque, desde el punto de vista de la jueza federal de primera instancia, Zunilda Niremperger “existió un plan de acción conjunta entre los diversos involucrados destinado a encubrir el homicidio de Alegre”.
En el auto de procesamiento a esos efectivos, Niremperger consideró que hubo un acuerdo entre los efectivos para fraguar la escena del crimen y así intentar colaborar con los dos imputados por el crimen.
Estas afirmaciones fueron confirmadas por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, que dejó firme esta medida el 10 de abril pasado y así encaminó esa parte de la causa hacia el juicio oral y público.
Alegre murió el 22 de agosto de 2016 al recibir un tiro por la espalda a manos de Claudio Sánchez, efectivo de la PNA quien, junto con Walter Pérez siguió pr varios kilómetros y en motocicleta, -ambos sin uniformes- al automóvil Fiat Palio que conducía la víctima