Repudio del Colectivo de Mujeres al fallo y exigen derogar decreto provida

Tras el fallo judicial que autorizó la entrega en adop­ción de una beba antes de su nacimiento en Paso de los Libres, el Colectivo de Mujeres Organizadas de Co­rrientes expresó su enérgico repudio al dictamen de la jueza de Familia de la ciudad fronteriza, Marta Lagarreta. La magistrada libreña resol­vió autorizar la entrega -con fines de adopción- de una beba, hija de una adolescen­te que fue violada por su pa­drastro, un día antes del par­to, considerando que se tra­ta del segundo hijo producto del abuso intrafamiliar que había sufrido la joven.

En consecuencia, me­diante un comunicado ofi­cial a través de su cuenta de Twitter, el Colectivo fe­minista expresó su rotundo rechazo al dictamen judicial y en su misiva volvió a exi­gir la derogación del decreto provincial que declara a Co­rrientes territorio “Provida”, que está vigente desde el 2 de diciembre de 2011. Asi­mismo, solicitan la urgente aplicación de un protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), puesto que la Provincia no adhirió al Protocolo Nacional de ILE y tampoco posee uno pro­pio.

En este contexto, el co­municado oficial aduce: “Nuestra provincia se en­cuentra nuevamente en el centro de la atención por un escándalo jurídico como lo es una adopción prenatal. Como Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes queremos dejar en claro al­gunas cuestiones. En primer lugar, los servicios públicos de salud actuaron de mane­ra incorrecta al no permitir acceder a un aborto no pu­nible. El Estado correntino abandonó a una adolescente que solicitó un aborto y que declaró que no quería tener otro hijo a la fuerza. Expre­só que fue violada y quería acceder a la interrupción del embarazo. Desde el hospi­tal expresaron que no podía realizarlo porque estaba de 23 semanas, lo cual no es impedimento en casos de violación aún más sabiendo a lo que son expuestas las mujeres abusadas y lo que tardan en comprender que están embarazadas. Es im­portante destacar también que la adolescente ya había pasado una situación de parto forzado producto de una violación y el Estado no la protegió. Asimismo conti­nuar un embarazo no desea­do constituye en tortura”, señala la misiva.

Y prosigue: “Vivimos en una provincia en donde las mujeres, niñas y adoles­centes son ciudadanas de segunda, son violentadas y se vulneran sus derechos. Corrientes no posee un pro­tocolo de Interrupción Legal del Embarazo por lo que una mujer embarazada producto de una violación no puede abortar en el territorio pro­vincial. Sumado a ello, en el 2011 el ex gobernador Ricar­do Colombi firmó un decre­to declarando a la provincia ‘Pro-Vida’. Dicho hecho fue defendido y ratificado por el actual gobernador Gustavo Valdés”.

Por último consigna: “Como Colectivo exigimos una vez más la derogación de ese decreto y la aplica­ción de un protocolo para la ILE con suma urgencia. Que el Ministerio de Salud, lxs (sic) legisladores y el Gobernador dejen de usar nuestras cuerpas (sic) como incubadoras. Debe quedar bien en claro, ¡somos sujetas (sic) de derechos!”.

EL CASO

La adolescente en cues­tión se presentó con una tía ante el Juzgado de Familia de Libres y manifestó el deseo de realizarse una interrup­ción del embarazo, por ser producto de una violación por parte de su padrastro, de quien ya tiene una hija de 2 años.

Luego de ello, la joven fue derivada al hospital, ya que la petición de la menor esta­ba enmarcada en el supues­to de aborto no punible, y se solicitó al centro de salud que cumplimentaran con la interrupción del embarazo. Sin embargo, tras realizarse los estudios de rigor, la jo­ven comunicó a la jueza que continuaría con el embarazo y luego lo daría en adopción al nacer. s