Aborto: Corrientes y otras tres provincias al margen de la legalidad
Sólo cuatro jurisdicciones no elaboraron procedimientos propios ante casos contemplados por la ley. Tampoco se adhirieron al de Nación.
El aborto no punible puede ser practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer bajo las causales que establece el Código Penal de la Nación Argentina en el artículo 86 inciso 2: si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer; si el embarazo proviene de una violación; si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente.
En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) estableció a través del histórico fallo FAL que quien se encuentre en las condiciones descriptas para un aborto legal “no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”.s
Hace siete años, el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó a los estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando éste sea producto de una violación. Hasta la fecha, Corrientes no adhirió al protocolo nacional ni elaboró uno propio.
Hay 10 provincias que tomaron el protocolo nacional: Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Cinco cuentan con procedimientos propios: Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Catamarca; cuatro jurisdicciones no están adheridas formalmente, pero utilizan la regulación nacional: Formosa, San Juan, Mendoza y San Luis; y otras cuatro no tienen protocolo ni adhieren al de Nación: Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba (se encuentra en instancia judicial) y Tucumán.
En el fallo de 2012, la Corte también le encargó a las autoridades nacionales y provinciales accionar “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que se ajusta a lo señalado por el máximo tribunal. Sin embargo, a pesar de estas normativas, el acceso real al aborto no punible es -salvo excepciones- difícil de garantizar y depende a veces de los efectores de salud, municipios o provincias