Denunciaron la falta de acceso a la ILE para niñas embarazadas por violación

Luego de las críticas al fallo de la jueza de Familia de Paso de los Libres que entregó en guarda a una beba inclusive antes de su nacimiento, cuatro organi­zaciones defensoras de los derechos de niños, niñas y mujeres presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por los ca­sos de niñas embarazadas producto de violaciones que no acceden a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Además denunciaron que en algunas provincias, como en Corrientes, no hay proto­colo y por ello se obliga a la judicialización de esos ca­sos que hace que los emba­razos avancen y se compli­quen sus prácticas, también hacen referencia a la no aplicación de la Educación Sexual Integral para que las niñas estén formadas y se puedan prevenir casos de abuso sexual infantil. Ahora las organizaciones esperan la respuesta de la Cidh, que tendrá que decidir si acepta las denuncias presentadas.

“Todos los años hay 2.500 niñas que son forzadas a parir contra su voluntad, sabiendo que todo embara­zo entre los 10 y 14 años es producto de abuso sexual. Entonces como instrucción nosotros citamos el Código Penal de la Nación, donde existe la excepción a la pe­nalización de los abortos en esos casos. También la fundamentación del fallo FAL de la Corte Suprema y además explicamos qué ocurre en nuestro país fe­deral, donde no todas las provincias se adhirieron a la guía técnica o al protoco­lo nacional elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y qué provincias tienen protocolos restricti­vos”, explicó Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.

Este diario en su edición del domingo pasado publicó que por año, en Corrientes nacen más de 100 bebés de madres que no superan los 15 años. Esta provincia junto con Santiago del Estero, Tu­cumán y Córdoba no cuen­tan con protocolo ante casos de abuso. Sin embargo, tras la polémica desatada por el fallo judicial, el ministro de Salud de la Provincia, Ricar­do Cardozo, señaló que en Corrientes -que se ha decla­rado “Pro vida”- se encuen­tran trabajando en la elabo­ración de una normativa de aplicación local, como suce­de en otras jurisdicciones.