Escrutinio bajo vigilancia

En el umbral de la veda proselitista, que rige desde la medianoche, la Justicia resolvió desig­nar un conjunto de veedores para controlar la transmisión de los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del próximo domingo en todo el país. La decisión de la titular del Juzgado Federal con competencia electoral, María Romilda Servini, surgió como respuesta a los cuestionamientos que plantearon desde la oposición, especialmente desde el Frente de Todos, contra la em­presa Smartmatic que tiene a su cargo la provisión del sistema que guiará la carga de los votos para el escrutinio provisorio. Se trata de una firma multinacional con sede en varios países y cuyo principal anteceden­te es la “automatización” de los procesos electorales en Venezuela. Desde 2004 “sus soluciones elec­torales” se desplegaron en catorce procesos electorales en Venezue­la, ilustra la página de Wikipedia. También trabajó -a través de una subsidiaria- en Estados Unidos, y con su nombre propio organiza los procesos electorales en Curaçao y Filipinas, además de otras repúbli­cas de Centroamérica. Ahora está en Argentina, contratada por el gobierno de Mauricio Macri. Puede que sea sólo una casualidad, pero resulta llamativo que la compañía Smartmatic que aportó “so­luciones electorales” en Venezuela durante más de una década en la que se gestó y consolidó el gobierno cha­vista, sea hoy la proveedora del sistema informático para las elecciones en Argentina. ¿Acaso no es que Venezuela se constituyó en dictadura mediante elecciones amaña­das que favorecieron consecutivamente al régimen cha­vista? Ésta es la sospecha que abrigan varios presidentes de la región, Mauricio Macri entre ellos. Entonces, ¿es de fiar la tarea que desarrolla Smartmatic?
El hecho de que a 72 horas de la instalación de las ur­nas de votación se hayan dispuesto veedores judiciales ya es una señal inquietante. Hay razones para esta me­dida, más allá de la presentación que hizo el Frente de Todos pidiendo un amparo que fue desestimado por la jueza electoral. En el Gobierno consideran que la solici­tud de la oposición es un pataleo político con la inten­ción de “embarrar” la cancha, sin embargo hay algunos hechos que provocan incertidumbre. Por ejemplo, los errores que se produjeron en los simulacros y también la considerable demora en compartir con la oposición el software (que provee Smartmatic) que controlará la car­ga de datos.
El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, de cuya seriedad no se puede dudar, alertó que se olfatean irregularida­des. “Hay un hecho que es absolu­tamente determinante: la Cámara Electoral había determinado que 30 días antes del día de los comicios se iba a entregar el software del siste­ma. Estamos a donde estamos y esa entrega no se ha hecho. Los exper­tos informáticos dicen que en este corto tiempo difícilmente puedan hacer un análisis en profundidad del software. Esa ya es una irregula­ridad probada y es un hecho grave”, señaló.
Frente a este cúmulo de dudas, la jueza Servini, si bien rechazó la presentación del Frente de Todos, optó por designar para los comicios del do­mingo a personal de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación “a los fines de garantizar una mayor certidumbre a todas las agrupa­ciones políticas que participarán del acto eleccionario”. A decir verdad, la propuesta fue hecha por el Gobierno al contestar el pedido de la oposición. El kirchnerismo también había reclamado veedores.
Así pues, el domingo habrá un grupo de “especialis­tas” vigilando que el sistema funcione correctamente. Algo que no ha pasado hasta el momento.
Smartmatic, que está a nombre de un venezolano con domicilio en Panamá, cobrará 17 millones de dólares por el servicio.s