Juez federal investiga el hackeo masivo de datos de agentes de la PFA
El magistrado Luis Rodríguez ordenó medidas para identificar al usuario @lagorraleaks2.0. Y cómo burló el sistema de seguridad.
El juez federal Luis Rodríguez ordenó ayer una serie de medidas “técnicas y de campo” con el objetivo de intentar individualizar a los hackers que el lunes último filtraron públicamente información de la Policía Federal (PFA), consignó ayer un despacho de Télam. El caso fue remitido ayer a la mañana a la Justicia Federal porteña desde el fuero Criminal de la Ciudad de Buenos Aires y las primeras medidas se dispusieron pasado el mediodía, luego de que el fiscal Jorge Di Lello diera impulso a la investigación.
“El suceso investigado involucraría el ingreso a las bases de datos de la Policía Federal Argentina, utilizando correos de Internet apócrifos. Nos hallamos ante la obtención de información sensible que dispone la Policía Federal y que podría comprometer el ejercicio de su función”, informó una fuente judicial con acceso a la pesquisa.
El lunes, una persona que se identificó con el hashtag #LaGorraLeaks2.0 aseguró a través de un grupo abierto de Telegram haber filtrado una serie de datos reservados de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, y se adjudicó además el hackeo de la cuenta de Twitter de la Prefectura Naval.
Ese mismo día, un usuario de la red social Twitter identificado como @lagorraleaks2.0 hizo mención a que había subido en la “deep web” información relacionada con la Policía Federal, y más específicamente sobre las áreas de bienestar y drogas peligrosas.
Los hackeos se habrían llevado a cabo mediante un correo electrónico que simulaba ser de la Superintendencia de Bienestar, “el cual contenía un link que al ser accionado redireccionaba a un formulario en el que solicitaba que se completen datos personales e inclusive datos de usuario y contraseña de cada afiliado”, fue lo relatado ante la Justicia por un subcomisario de la División Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la PFA.
Además de las medidas “técnicas y de campo”, que no fueron reveladas para no frustrar su realización, el fiscal Di Lello le pidió al juez Rodríguez que se le requiera a la empresa Twitter que “aporte el log de conexión desde donde se posteó la información”.
También solicitó que se requiera a la firma Microsoft “la titularidad de los correos desde donde se realizaron las acciones de ‘pishing’” y a Google los datos respecto de las cuentas que fueron víctimas de la intrusión.
El Ministerio de Seguridad confirmó el hackeo de la PFA y radicó una denuncia en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 6.
La información filtrada abarca alrededor de 5GB de audios con escuchas telefónicas y una base de datos con 200.000 PDF que contienen información personal de agentes policiales y de sus familias, admitieron voceros de la fuerza de seguridad.