Fatalidad en el arroyo Guazú: solicitan que investiguen a los jefes policiales
Defensores de Suboficiales advierten que se evitó analizar la responsabilidad de oficiales de alto rango por la falta de seguridad en la Ruta 12.
Los abogados defensores de una decena de policías que habían sido imputados por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario y homicidio culposo, adelantaron que solicitarán a la Justicia provincial que se investiguen las responsabilidades de las autoridades a cargo de la Unidad Regional II de Goya por las fallas en el sistema de seguridad para evitar que los vehículos lleguen hasta el lugar donde se había desplomado el puente sobre el arroyo Guazú.
En ese lugar, Rogelio Schweig, un turista misionero que conducía una camioneta Ford EcoSport, cayó al curso de agua el 12 de julio de 2016 y murió.
Por este hecho habían sido imputados 10 suboficiales de la Policía de Corrientes que estaban a cargo de advertir a los conductores del peligro y de evitar que los automóviles lleguen a ese precipicio.
Los numerarios habían sido imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de homicidio culposo, por lo que habían sido procesados.
Pero el 15 de agosto pasado, la Cámara de Apelaciones de Mercedes emitió la Resolución 5.029, en la que se anulan los procesamientos y ordena al Juzgado de Instrucción de la ciudad de Esquina a que analice las pruebas y reconsidere las responsabilidades de los suboficiales en relación a los hechos.
El fallo es en el marco de la causa del fuero penal 6.847 en el que se investigan las causales y las responsabilidades de los hechos que derivaron en la muerte de Rogelio Schweig y en las lesiones de su pareja, Elena Dzikoski.
En relación a esto, los abogados defensores Jorge Montti y Javier Mosquera habían elevado sendos recursos de apelación en el que plantearon insuficiencia de elementos para la fundamentación de los procesamientos. Además advirtieron en sus escritos que “la investigación fue parcial, porque no se investigó la responsabilidad de los funcionarios de la Unidad Regional II, a cargo del operativo de control”, había explicado oportunamente Montti.
Ahora los letrados aguardan conocer los fundamentos de la nulidad de los procesamientos antes de solicitar que se investigue a los oficiales de alto rango.
En tanto, la familia de Rogelio Schweig pide una indemnización al Estado por $9 millones.