Ex policía será juzgado por la tenencia de un arsenal ilegal

Para el miércoles que vie­ne está previsto que se ini­cie formalmente el debate oral y público por la causa que originó el Operativo Sapucay, que consistió en 44 allanamientos y la de­tención de funcionarios gubernamentales, de fuer­zas de seguridad y hasta un abogado, todos acusados de participar en actividades de narcotráfico.

En este expediente, el 3.002/2017, existen 32 invo­lucrados, entre ellos Mario Molina, un oficial de la Po­licía de Corrientes, al que se lo acusa además de proteger a los integrantes de bandas narco, de proveerles de ar­mas de origen ilegal que al­macenaba para tal fin. Esta circunstancia llevó al fiscal de primera instancia -el cuestionado Carlos Storne­lli- a solicitar el agravamien­to de la imputación contra el efectivo policial. “Tengo por cierto y demostrado que el día 14 de marzo de 2017 Mario Oscar Molina tenía ilegítimamente y sin la de­bida autorización legal una escopeta marca Sarsilmaz, calibre 12”, dice el requeri­miento de elevación a juicio del expediente cuya instruc­ción fue tramitada en el Juz­gado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 de Bue­nos Aires, entonces a cargo de Sergio Torres.

Según esto, el policía además tenía en su casa, ubicada en la calle Los Be­nedictinos, entre Los Ánge­les y calle sin nombre de la ciudad de Itatí, una escopeta Legend calibre 12; una esco­peta marca Gaucha-lga cali­bre 12; una escopeta Ithaca calibre 12/70; un rifle sin marca ni numeración visi­ble, calibre 22; una pistola Browning calibre 9 milíme­tros con dos cargadores; un revólver Smith & Wesson calibre 38; una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros con tres cargadores; una pis­tola Browning calibre 9 milí­metros sin numeración visi­ble con cuatro cargadores, y un chaleco antibalas.

Además fueron halladas 48 municiones calibre 9 milímetros y cartuchos ca­libre 12/70; 87 municiones calibre 22; 223 municiones calibre 11/25; 48 municiones calibre 38; una pistola marca Bersa calibre 22 milímetros con dos cargadores; y un cargador para rifle calibre 22. Este efectivo es enjui­ciado junto al ex comisario Diego Alvarenga y Gabriela Natalia Quintana, por en­tonces cabo de la Policía, quienes “brindaron protec­ción directa a los integran­tes del grupo delictivo para llevar a cabo las maniobras de tráfico ilícito, dándoles apoyo frente a la interven­ción de fuerzas de seguridad nacionales”.