Campesinos denuncian desalojos ilegales en Santa Rosa
Aseguran que hace semanas son los pobladores de los barrios San José Obrero, Desatanudos y de zonas aledañas de esa localidad sufre atropellos y hechos violentos. Ocupan 104 hectáreas donde hace años familias levantaron casas precarias.
La organización Federación Campesina Guaraní de Corrientes conformada por pobladores originarios de los esteros, denunció que un grupo de familias de escasos recursos que se instalaron en un predio de 104 hectáreas y conformaron los barrios San José Obrero y Desatanudos en la localidad de Santa Rosa sufren por parte de un particular, con apoyo de las fuerzas de seguridad de la zona, desalojos violentos.
“Usando motosierras, palos y amenazas de detenciones por parte de la policía, han dejado sin lugar donde habitar a varias familias que no tienen más recursos que lo puesto. Lo que agrava todavía más la situación es que este supuesto dueño como él mismo se presenta, no ha dejado ver ningún documento legal que certifique su derecho sobre las tierras, solo ha sabido actuar con injurias y violencia secundado por familiares y la fuerza policial”, señalan a través de un comunicado.
Solo la organización y la respuesta inmediata de quienes forman parte de la federación campesina guaraní de Corrientes, campesinos y campesinas que saben lo que significa defender su tierra, han logrado impedir que esta injusticia siga su curso resistiendo ante las máquinas y las amenazas de civiles”
El juez de instrucción y correccional Ramón Alberto Ríos decidió dictar una medida de no innovar sobre el terreno en conflicto hasta tanto resuelva que hacer. “Sin embargo, continúan las amenazas y las patrullas durante la siesta y la noche”, sostienen.
"Denunciamos estos hechos violentos y hacemos responsables al comisario de Santa Rosa sobre lo que pueda sucederle a las familias que están en conflicto de los barrios Desatanudos, San José Obrero y aledaños".
Además en asamblea vecinal resolvieron un acampe “como medida de protesta y de resguardo ante cualquier hecho violento o represivo”, a la vez que “exigen al juez Ramón Ríos la inmediata resolución del conflicto que no puede ser otro que la supremacía del derecho a un hábitat digno, por encima de la especulación inmobiliaria basada en instrumentos ilegales y el uso de la fuerza para sembrar miedo y más violencia”.