Margen de maniobra acotado

A caballo del progresivo deterioro de la con­fianza en la Argentina que se constata en el plano internacional donde gobiernan los mercados, a los que tanto esfuerzo por agra­dar le ha prodigado el presidente Mauricio Macri, un puñado de provincias ha comenzado a sufrir también un rechazo, situación que podría afectar su desenvol­vimiento en el corto plazo. En esta columna, en la edi­ción de ayer, se advertía sobre el creciente riesgo que enfrentan las administraciones del interior que han tomado deudas en dólares. El descontrol cambiario, que disparó un 30% arriba el valor de la moneda nor­teamericana, tensiona las cuentas de las gobernacio­nes que tienen ahora que cumplir con una exigencia financiera, un tercio mayor a la proyectada ini­cialmente. Algunas podrían tener que apelar al reperfilamiento, qui­zás no de los pagos a los acreedo­res extranjeros, pero sí a sus obli­gaciones domésticas.

Todas las jurisdicciones, inclu­so las más aliviadas, están ajus­tandose el cinturón. El cuadro tiende a complicarse. Ayer, ade­más surgieron dos nuevos datos que le agregan nuevos condicio­nantes, el primero llegó desde el exterior, el segundo desde la tesorería nacional.

Moody’s Latin America, Agente de Calificación de Riesgo, informó que bajó la nota, calificaciones de emisor y de deuda en las escalas global/nacional tanto en moneda local como extranjera de 8 provincias y 2 municipalidades de la Argentina. El conjunto está en revisión para la baja, un criterio que hizo extensivo a 17 empresas, particularmente energéticas.

Según trascendidos, la degradación afecta a las cali­ficaciones de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Formosa, Misiones, Río Negro, Tucu­mán y las municipalidades de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires. Todas tomaron deuda en el mercado de capitales. Se trata de una obligación en dólares.

“La acción se deriva de una acción similar en la cali­ficación de los bonos soberanos de Argentina (en mo­neda local y extranjera) y refleja las muy fuertes inte­rrelaciones económicas y financieras existentes entre el gobierno de Argentina y los subsoberanos argen­tinos”, explicó la agencia. Consideró también que “la calidad crediticia de los subsoberanos de Argentina se verá afectada negativamente por el aumento de ries­gos sistémicos significativos derivados del soberano”.

Para el resto del año la agencia espera que provin­cias y municipios “vean deteriorada su calidad credi­ticia como resultado de restricciones en el acceso a los mercados, presiones cambiarias, mayores costos financieros e inflación persistentemente alta”. Como consecuencia, advirtió, “la posi­ción de liquidez y flexibilidad fis­cal de los subsoberanos -es decir los gobiernos locales- en Argenti­na se deteriorará notablemente, al mismo tiempo que se incrementa­rá su carga por servicios de deuda”.

Es poco probable que algún go­bernador o intendente vaya a to­mar deuda en la actual coyuntura (sería un desatino), pero aun así la calificación negativa supone un contrapeso que llevará tiempo despejar.

Para colmo de males, ayer se co­noció que el flujo de coparticipación federal ha mer­mado para casi la totalidad de las administraciones provinciales, solamente se salvaron de recorte dos jurisdicciones: las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Se acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que cotejó las cifras de recursos distribuidos en agosto con el efecto inflacionario, la coparticipación habría registrado una caída de 0,7% en términos reales en su conjunto. Aunque en térmi­nos nominales el volumen de dinero es mayor, con­trastado con el proceso inflacionario se descubre un retroceso que dinamita la capacidad financiera del interior, sobre todo para quienes tienen que afrontar deudas en dólares. s