Anulan imputación por aborto a joven porque la denuncia la hizo su madre

“Es preferible dejar sin castigo un delito, que per­mitir un proceso y una sentencia basados en co­nocimientos obtenidos en forma ilícita”. La frase corresponde a un reciente fallo de la Cámara Criminal de Apelaciones de la ciudad de Corrientes, en el cual anuló una investigación instructoria por haber ido a contrapelo de lo estable­cido por el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia.

Fuentes judiciales expli­caron ayer que la Resolu­ción Nº 764/19 del Tribu­nal de Alzada versa sobre el caso de una joven, cuya madre la había denunciado por haberse practicado un aborto. Los camaristas en­tendieron que el proceder del juez y del fiscal de Ins­trucción resultaba violato­rio del principio de “cohe­sión familiar” establecido por el CPP en su artículo 181, que prohíbe a una per­sona formular denuncia en contra de un descendiente, a menos que el delito se ejecute en perjuicio del de­nunciante o de un familiar con igual o mayor grado de proximidad.

Voceros del Poder Judi­cial detallaron que la in­vestigación comenzó con un llamado a la progenitora de la encausada, que mani­festó a la Policía que su hija se encontraba internada ya que se había practicado un aborto. Una comisión poli­cial fue hasta el centro de salud y se entrevistó con la médica que atendió a la joven, quien ratificó los di­chos de la madre.

No obstante, ya desarro­llado el expediente judicial, la defensa de la imputada apeló la acusación por el presunto de delito de abor­to (previsto en el artículo 88 del Código Penal de la Na­ción) y obtuvo resolución favorable. El juez Héctor Raúl Cornejo consideró que “Los elementos de prueba valorados son violatorios de normas legales y de ga­rantías constitucionales y por consiguiente care­cen de validez, con lo que tornan a su vez inválidos los actos procesales subsi­guientes por imperio de la regla de exclusión probato­ria”, afirmó el juez, a cuyo voto adhirieron sus pares Diego Núñez Huel y Mario Alegre. En ese sentido, los magistrados también se pronunciaron sobre el tes­timonio incriminatorio de la médica que atendió a la joven tras la interrupción voluntaria del embarazo, y para fundar su opinión invocaron jurisprudencia (caso “Natividad Frías”, de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccio­nal de 1966, y “Baldivieso”, de la Corte Suprema, de 2010).

Por ello, concluyeron que “no puede instruirse suma­rio criminal en contra de una mujer que haya causa­do aborto o consentido en que otro se lo causare, so­bre la base de la denuncia efectuada por un profesio­nal del arte de curar”. 

Sobre denuncia médica

Para el Tribunal de Alzada, “no puede instruirse su­mario criminal en contra de una mujer que haya cau­sado su propio aborto o consentido en que otro se lo causare, sobre la base de la denuncia efectuada por un profesional del arte de curar que haya conocido el hecho en ejercicio de su profesión o empleo oficial o no, pero sí corresponde hacerlo en todos los casos respecto de sus coautores, instigadores o cómplices”.