Supuesto líder narco se negó a declarar y fue llevado a una unidad penitenciaria

Los dos narcos apresados el miércoles en Paraguay fueron trasladados ayer al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde estarán en prisión preventiva imputados por cuatro investigaciones judi­ciales, unificada la conocida como “Causa Sapucay”. Se trata de Luis “Gordo” Sau­cedo y Ramón Antonio Na­varro, quienes estaban pró­fugos desde marzo de 2017, cuando se los señaló como los responsables de un gru­po que traficaba hasta 15 toneladas de marihuana por semana desde la localidad de Itatí a siete provincias.

Ambos imputados habían sido llevados ayer en horas de la mañana al despacho del juez Rodolfo Canicoba Corral para ser indagados, pero se negaron a declarar.

El magistrado subroga el Juzgado Federal en lo Cri­minal y Correccional Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tra­mita la causa 3.002/2017, en la que ambos están imputa­dos. Esto es porque el cargo está vacante después de que Sergio Torres, quien estaba a cargo de esa magistratura, fuera designado ministro de la Corte Suprema de la Pro­vincia de Buenos Aires.

Quien los acompañó en la citación fue el abogado Jorge Barboza, quien aclaró que “Saucedo fue tratado bien durante el traslado y hasta recibió asistencia mé­dica por los problemas que le genera la diabetes”, y contó que su cliente “está a punto de ser insulinode­pendiente”.

Saucedo, uno de los nar­cos más buscados del país, y Navarro, fueron captu­rados cuando se trasla­daban en una camioneta Toyota RAV4 por la ciudad de Pilar, a 360 kilómetros de Asunción, tras un operativo efectuado por la Secretaría Nacional Antidrogas del Pa­raguay (Senad), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Gendarmería Nacional. Pocas horas después fueron expulsados de ese país y en­tregados a la Gendarmería en la provincia de Formosa, desde donde se los trasladó a la Capital Federal. Las de­tenciones se produjeron a sólo una semana del inicio del debate oral en el que son juzgados 36 integrantes de la banda que fue desbaratada tras los procedimientos rea­lizados en 2017, entre ellos el ex intendente de Itatí, Na­tividad Terán; su vice, Fabio Aquino, e integrantes de dis­tintas fuerzas de seguridad.

En la causa, la Procura­ción de la Narcocriminali­dad acreditó que Saucedo cobraba un sueldo de $7.000 como empleado municipal, tenía una flota de 23 vehí­culos de alta gama, entre autos, camionetas e incluso una lancha, y tres propieda­des inmuebles en Itatí.

La sospecha es que esos vehículos eran utilizados por la organización narco para trasladar la marihuana que era traída desde Para­guay y luego enviada a la Ciudad Autónoma de Bue­nos Aires y a siete provin­cias, entre ellas Santa Fe, donde parte de la droga era recibida en Rosario por “Los Monos” y el Clan Juré.

En Itatí operaban en for­ma coordinada otras dos bandas, una de ellas era li­derada por Carlos “Cachito” Bareiro, que la manejaba desde una cárcel de Chaco, y otra por Federico “Moreni­ta” Marín, detenido en octu­bre de 2018.s

En 2014 Saucedo fue imputado por falsificar documentos de un vehí­culo de alta gama que fue secuestrado.

EFECTIVOS DEL ESCUADRÓN Nº 16 DE CLORINDA CONCRETARON EL TRASLADO DE LOS PRÓFUGOS APRESADOS EL MIÉRCOLES.

Abren proceso diferido para juzgar a Saucedo

La causa judicial que originó el pedi­do internacional de detención de Luis “El Gordo” Saucedo está en etapa de juicio oral y público. El Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lleva adelante el juicio a las 32 personas imputadas, entre las que se hallan los efectivos de las fuer­zas de seguridad, el ex intendente de Itatí, Natividad Terán; su vice, Fabio Aquino; el hermano de éste, Hernán, y también la esposa y la hermana de Luis Saucedo.

Pero debido a que este expediente fue elevado a juicio cuando Saucedo estaba prófugo, se deberá abrir otro proceso de instrucción en el que po­drá ejercer su derecho a defensa y que luego deberá ser elevado a juicio. En otros términos, será juzgado en forma diferida, en una fecha aún no determi­nada.

El abogado que lo asiste, Jorge Bar­boza, adelantó que cumplida la ins­trucción existe la posibilidad de avan­zar hacia un juicio abreviado. Esta modalidad habilita la posibilidad de negociación de la pena -generalmen­te se acuerda el tiempo de reclusión mínimo fijado por la ley- entre la de­fensa y el Ministerio Público Fiscal. El imputado acepta los cargos y desiste de apelar la sentencia. Ese acuerdo es luego homologado por un juez federal e inmediatamente se hace cumplir la sentencia. s