Envían a juicio a Julio De Vido por Yacimientos Carboníferos Río Turbio

El juez federal Luis Rodrí­guez envió ayer a juicio oral a los detenidos ex ministro de Planificación del kirch­nerismo, Julio De Vido, a su ex mano derecha Roberto Baratta, y a otros 17 procesa­dos por presunta defrauda­ción en los Yacimientos Car­boníferos Río Turbio (Ycrt).

El magistrado realizó un cierre parcial de la investi­gación y envió a sorteo de un Tribunal Oral a 19 proce­sados por supuesta “defrau­dación por administración fraudulenta”, entre ellos De Vido, Baratta, el ex secreta­rio de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y el inten­dente de Río Turbio, Ata­nasio Pérez Osuna, según la resolución a la que accedió Télam.

Se trata de la investigación que derivó en el desafuero a De Vido de la Cámara de Di­putados y su inmediata de­tención en octubre de 2017, por orden de la Cámara Fe­deral porteña.

“Entiendo que no existe elemento probatorio o ar­gumental alguno que per­mita modificar la situación procesal de los imputados”, sostuvo Rodríguez al recha­zar pedidos para dictar el sobreseimiento a De Vido, Baratta y otros acusados.

Las defensas argumenta­ron que falta terminar una peritaje contable, pero el juez informó que se ordenó a los peritos la entrega de la misma para el próximo 30 de septiembre.

La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudadora “cuya perpe­tración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado nacional, concre­tamente del ex Ministerio de Planificación Federal”, que debían destinarse a la reconversión del yaci­miento carbonífero, y ha­brían sido desviados.

Esto ocurrió a través de un convenio firmado con la Facultad Regional de Santa Cruz, de la Universidad Tec­nológica Nacional y la fun­dación Facultad Regional Santa Cruz.

“Ello en connivencia con funcionarios y empleados públicos del Ministerio de Planificación, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Facultad Regional Santa Cruz, y los fundadores, di­rectivos y empleados de la referida fundación”, sostu­vo el juez.

A través de esa manio­bra, “se celebraron conve­nios por un monto total de pesos cuatro mil ocho­cientos sesenta y seis mi­llones cuatrocientos mil ($4.866.400.000), de los que se facturaron pesos mil trescientos setenta y nue­ve millones novecientos veintitrés mil novecien­tos cuarenta y nueve ($ 1.379.923.949)”, detalló el juez en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación. El importe “se compone de los mon­tos efectivamente recibidos por la Frsc y la fundación por “gastos administrati­vos” reconocidos en los convenios investigados en el sumario, que ascienden a pesos noventa y un millones novecientos noventa mil ($ 91.990.000) y pesos ochen­ta y cuatro millones ochen­ta y tres mil ($ 84.083.000), respectivamente”.