Reinician negociaciones en la megacausa de narcotráfico

Mañana el fiscal ante el Tribunal Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Bue­nos Aires, Juan Patricio García Elorrio, y represen­tantes de la Procuración de la Narcocriminalidad se reunirán con los defensores y los imputados en la cau­sa 3.002/2017 que originó el Operativo Sapucay, en el que están involucrados más de 30 individuos, sospe­chados de intervenir en el transporte y distribución de estupefacientes desde Itatí a siete provincias.

Uno de estos imputados es el ex intendente de la lo­calidad correntina de Itatí Natividad “Roger” Terán, quien está representado por el abogado Alejandro Rúa.

En la jornada de mañana el ex jefe comunal recibirá la propuesta del Ministerio Público Fiscal, en relación a la pena que podría cumplir en caso de asumir la acusa­ción en su contra y evitar la presentación de pruebas para demostrar su inocen­cia.

Quienes asesoran a Terán aclararon ayer a NORTE de Corrientes que “este lunes se realizará la audiencia para conocer la propuesta del Ministerio Público y de ahí en más quedará a con­sideración si se acepta o se continúa con el debate”.

Con esto aclararon que “no es correcto decir que quedará en libertad, ya que todavía no se conoce la pro­puesta de la Fiscalía”.

Lo que trascendió en las últimas horas es que los re­presentantes del Ministerio Público estarían dispuestos a bajar la calificación de la acusación para solicitar 4 años de prisión, pero con la posibilidad de que se le otorgue, en el momento de la homologación del acuer­do, la libertad.

Esto implicaría, sin em­bargo, ciertas res­tricciones para el ex intendente, ya que saldría de la Unidad Penal de Ezeiza y regresaría a Corrientes, pero con una condena a la que no po­drá apelar. La pena podría incluir restricciones para ejercer cargos públicos y realizar actividades finan­cieras, como también le es­taría prohibido abandonar el país. Debería, además, fijar un domicilio del que no podría mudarse y estaría obligado a presentarse ante un juzgado federal a decla­rar sus actividades periódi­camente.

Las mismas restricciones le cabría a cualquiera de los imputados que pretendan evitar ser juzgados en un debate oral y público.

El juicio se había inicia­do el 28 de agosto con la lectura de las acusaciones, pero desde entonces no fue abierto formalmente el de­bate porque se pretende que los imputados acuerden las penas y así evitar un proce­so judicial que puede llevar más de un año.

La causa es una deriva­ción de una investigación iniciada en Buenos Aires en 2014 y que originó la deten­ción de las autoridades del pueblo de Itatí y efectivos policiales en 2017