Pastores de Corrientes se manifestaron en contra de la adhesión al protocolo ILE

La semana pasada ingre­só a la Cámara de Diputa­dos local un proyecto para que Corrientes se adhiera al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La iniciativa apunta a “garan­tizar derechos hoy vulnera­dos”, teniendo en cuenta la exhortación que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo FAL) en 2012.

El proyecto del dipu­tado justicialista Ernesto Meixner fue criticado por un grupo de religiosos que integran el grupo Pasto­res Unidos por Corrientes, quienes, a través de una carta abierta, fustigaron la iniciativa y manifestaron su preocupación por varios aspectos de esta petición. Entre ellos citan el término: “interrupción del embara­zo”, teniendo en cuenta que “un embarazo no puede ser interrumpido, porque se eli­mina la posibilidad de ser reanudado”.

También señalaron el término “salud sexual y re­productiva”, ya que “salud no debiera tener nada que ver con quitar la vida a un ser humano, mucho menos indefenso”. Asimismo, hi­cieron referencia a leyes y tratados que han sido pacta­dos a nivel constitucional e internacional, como el pac­to de San José de Costa Rica, la Convención sobre los De­rechos del Niño y la Consti­tución Nacional Argentina.

“Solicitamos a los legis­ladores de nuestra provin­cia que se tomen en cuenta estos puntos, para defender nuestra Constitución y las decisiones de los tratados internacionales que cobijan la vida de todas las perso­nas desde la concepción. Solicitamos también que se favorezca, por medio de políticas sociales, proyec­tos de salud y educacio­nes, el ejercicio responsa­ble de la sexualidad, para prevenir tanto la prolife­ración de enfermedades de transmisión sexual como la ocurrencia de embarazos no planificados”, señalaron en la carta abierta.

“Creemos que los resul­tados serían mucho más productivos si, en vez de invertir recursos en la im­plementación del protocolo ILE, se invirtieran en políti­cas de educación sexual. So­licitamos revisar los puntos mencionados y tomar una decisión basados en las le­yes vigentes, en la certeza de que lo que se extermina o deja vivir es una vida, y en la propia conciencia”, agre­garon.

INICIATIVA

El proyecto presentado por Meixner tiene como objetivo “aprobar para su aplicación en la provincia de Corrientes el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, elaborado como una versión revisada y ac­tualizada de la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010, por intermedio del programa de salud sexual y reproductiva y procreación responsable”.

“La adopción por la pro­vincia de Corrientes de un protocolo para la atención hospitalaria integral de los abortos no punibles -pre­vistos en el Código Penal de la Nación, en su artículo 86- es imperativa, teniendo en cuenta la exhortación hecha por la Corte Supre­ma de la Nación -fallo FAL, considerando 29- en el año 2012 a las autoridades pro­vinciales, y las reiteradas re­comendaciones de organis­mos internacionales, como el Comité de Derechos Hu­manos”, indica el proyecto.

Después de los casos de niñas y adolescentes emba­razadas producto de viola­ciones, el ministro de Salud de la provincia, Ricardo Car­dozo, había señalado que en se estaba trabajando en la elaboración de un protocolo propio, ya que el territorio correntino fue declarado “provida” en 2011.

Hace siete años del fa­llo FAL, mediante el cual la Corte obligó a los estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando este sea producto de una violación, pero Corrien­tes y otras tres provincias no cuentan con protocolos propios ni adhirieron al na­cional. s

Los pastores piden que en lugar de destinar recursos al ILE se invierta en políti­cas de educación sexual.