La Justicia que no hace justicia

La batalla contra el narcotráfico reclama algo más que control prevencional y acción represi­va del delito. Se necesita algo más que fuerzas de seguridad bien preparadas y mejor equipa­das para combatir a un sistema poderoso en todos los sentidos, versátil, camaleónico y que se ha ramificado en la sociedad argentina. El flagelo de la droga ha con­taminado todas las capas sociales; tiene como víctimas a los más vulnerables (que caen presa de la adicción), esclaviza a los más pobres (que se transforman en mano de obra barata) y cuenta con la complicidad de los inescrupulosos (que le ofrecen su servicio desde distintos escalones del poder pú­blico o privado). Se trata de una lucha compleja, larga, sacrifica­da. Sin política de Estado no hay éxito posible, ni siquiera un atis­bo de esperanza. El país transita por este barranco hacia el fracaso y Corrientes es, quizás, el mejor ejemplo.
El escándalo del narcotráfico enquistado en el pueblito de Itatí, que fue escenario del megaope­rativo Sapucay que determinó la detención de más de 30 personas, incluidos el intendente y el vice de la localidad, no solo desnudó las conexiones del ne­gocio de la droga, también puso en evidencia que las instituciones del Estado no funcionan porque sus re­sortes están impregnados de una podredumbre corro­siva. Desde la Iglesia, distintas voces, lo denunciaron sin suerte durante mucho tiempo.
Se necesita vocación política para enfrentar el sis­tema delictivo de la droga, pero además -luego- es indispensable firmeza en la aplicación de la ley para ir clausurando los brazos que articulan el negocio. El rol del Gobierno es importante, pero la actuación de la Justicia es determinante.
Ayer se conoció el “arreglo” al que llegó el ex inten­dente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, quien está sal­picado hasta las cejas por el tráfico de drogas en su lo­calidad. Su vice, Fabio Aquino también consiguió idén­tico beneficio. Ambos recuperaron la libertad tras de­clararse culpables de ser miembros de una banda que pasaba marihuana desde el Paraguay a Corrientes para luego distribuirlas a distintas provincias del país. Por vía de un juicio abreviado (en el que se negocia la pena a cambio de asumir la culpabilidad) la fórmula munici­pal recibió una sentencia de 3 años y como se trata de una pena mínima le concedieron la excarcelación.
Otros nueve imputados en la causa, al igual que Terán y Aquino, también se declararon culpables en juicio abreviado. Seguramente están en condiciones de recuperar la libertad, si es que ya no caminan libres. Esto es un remedo de Justicia. Puede que sea legal, pero está lejos de ser justo. Claramente va a contrapelo de lo que espera la sociedad.
“¿Juicio abreviado al intendente de Itatí? 3 años de prisión para al­guien que fue electo para ayudar a la gente y se convirtió en uno de los capos narco más grande del país? No es justo. Por favor, señores jue­ces, no lo firmen. Si no, ser narco y funcionario es fácil en Argentina”, afirmó la ministra Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter. Se expresó de esta manera luego de que Terán y Aquino fueran excarcelados ayer tras acordar penas de tres años y tres años y ocho me­ses de cárcel, respectivamente. Si bien el tribunal avaló la libertad porque tienen cumplidas las dos terceras partes de la condena, todavía debe homologar el jui­cio abreviado. No obstante el ex funcionario ya no está entrerrejas, hizo declaraciones y promete volver a la política. Insólito.
Según el propio Terán, la condena no incluye un capítulo de inhabilitación para los cargos públicos y por eso piensa volver a la arena política. Explicó que lo alentó “el apoyo de los vecinos de Itatí que siempre creyeron en mi inocencia”. Tan inocente era que se de­claró culpable de narcotráfico. Y la Justicia lo liberó.s