El círculo del narcotráfico

Natividad “Roger” Terán, el ex intendente de Itatí, confeso integrante de una banda de narcotraficantes recibió una condena míni­ma y ya recuperó la libertad. Dice que volve­rá a la actividad política; en tanto el ex juez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, quien está acu­sado de encubrir la actividad de los narcos y sus cóm­plices, como Terán, también camina en libertad por las calles de la ciudad. Goza del beneficio de la excarcela­ción pese a la parva de imputaciones en su contra. En los últimos días el ex juez zafó de una causa por escu­chas ilegales en su Juzgado. Lo sobreseyeron (por falta de mérito), pero quedó imputado su secretario, Pablo Molina, acusado de utilizar ins­trumentos y recursos judiciales para espiar a su pareja. El funcio­nario pérfido también está libre, aunque se encuentra sumergido hasta las orejas (al igual que su ex jefe) en el expediente principal referido al encubrimiento del ne­gocio de la droga en la provincia de Corrientes, negocio que tiene su portal de ingreso -desde el Pa­raguay- en Itatí, el pueblito que gobernaba Terán.

“La Justicia que no hace justi­cia”, fue el título de esta columna en la edición de ayer. Podría repetirse hoy, y tal vez en fechas sucesivas, sin riesgo de caer en la exageración pues los hechos cotidianos demuestran que el imperio de la ley tiene un alcance limitado, es irrestricto con algunos y flexible con otros. El criterio que se aplica invita a la polémica. Puede que tenga una explicación, pero ciertamente irritante y va a contrapelo de lo que pide la sociedad.

La batalla contra el narcotráfico reclama algo más que control prevencional y acción represiva del delito. Demanda vocación y firmeza de las instituciones. Ho­nestidad de parte del Estado.

Si los que fueron elegidos para gobernar y los que fueron designados para impartir justicia terminan envueltos o salpicados por el narcotráfico es evidente que la corrosión alcanzó niveles alarmantes. ¿Se podrá revertir? Parece difícil porque además las sospechas involucran a miembros de las Fuerzas de Seguridad (Policía provincial, Federal, Prefectura Naval, Gendar­mería).

Salta a la vista que el negocio de la droga se articu­la sobre un círculo que podría denominarse virtuoso si no fuese porque se trata de una actividad delictiva. Lamentablemente la provincia de Corrientes está en el centro de la escena. El Operativo Sapucay, que desnudó las conexiones del narcotráfico y sus ramificaciones, confirmó las denuncias pronunciadas por la Iglesia durante muchos años y que el poder político jamás atendió.

Al igual que Terán, el juez Soto Dávila y su séquito quedó al descu­bierto por este fenomenal proce­dimiento judicial ordenado desde Buenos Aires. Tuvieron que venir de afuera para destapar la podre­dumbre que aquí nadie vio. Ahora bien, los fiscales de la megacausa, Carlos Stornelli y Diego Iglesias, este último de la Procuraduría de Lucha contra el Narcotráfico, re­clamaron la elevación a juicio del ex juez federal correntino, quien renunció a su cargo aquejado por la acusación de juicio político ante el Consejo de la Ma­gistratura. Soto Dávila está imputado de los delitos de “asociación ilícita” y “cohecho pasivo”. Ante el Juzgado Federal (porteño) Nº 12, los fiscales también reclama­ron que vayan a juicio Federico Grau y Pablo Molina, ambos ex secretarios federales del juzgado de Soto; y de los abogados Duylio Galeano, Gregorio Giménez, Tomas Viglione, Jorge Vallejos, y Omar Serial.

La investigación contra Soto Dávila es una de las tantas causas por la cual la Justicia Federal de Capital Federal ya tiene a más de 130 personas investigadas, entre ellas, el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; su vice Fabio Aquino; quienes mediante un jui­cio abreviado se declararon culpables y recibieron pe­nas mínimas. Ya están en libertad. s