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El juez Canicoba procesó a Luis Saucedo y a sus cómplices

“El Gordo” está acusado de dirigir una banda narco. Sindican a Mariela Terán, Walter Piris Y A Ramón Nava­rro como sus colaboradores.

Luego de haber sido apre­sado en Paraguay, Luis “El Gordo” Saucedo analiza en una celda de la Unidad Pe­nal de Marcos Paz la estra­tegia judicial para afrontar los cargos por falsificación de documentos, asociación ilícita y narcotráfico, por los que se había emitido una orden de captura interna­cional.

El hombre nacido el 7 de noviembre de 1980 en Ita­tí, es sospechado de ser el líder de una organización delictiva que introducía en el país grandes toneladas de marihuana por semana para abastecer a bancas de narcotráfico que operan en siete provincias, entre ellas, a la temida banda rosarina de Los Monos.

En estas operatorias ha­bría colaborado Ramón Na­varro, uno de sus hombres de confianza que lo acom­pañó en su exilio en aquel país. Ambos hacían nego­cios con los productores del estupefaciente que luego era traído hasta Itatí.

El jueves pasado, Rodol­fo Canicoba Corral, el juez que subroga en el Juzgado Federal en lo Criminal y Co­rreccional Nº 12 de la Ciu­dad Autónoma de Buenos Aires, los procesó por esos delitos en el contexto de la causa 3.002/2017 que unifi­ca en un solo expediente al menos cuatro hechos delic­tivos de los que se lo acusa.

Ambos están imputa­dos -en principio- por ser “miembros de una asocia­ción ilícita, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupe­facientes -en la modalidad de comercio-, en calidad de coautores, agravado por ha­berse servido de menores de 18 años de edad y por la intervención de funcio­narios públicos”.

En otros términos se los acusa de supuestamente haberse asociado en for­ma voluntaria con el fin de cometer el delito de venta y transporte de mari­huana y valerse para ello de la colaboración de menores de edad, a los que supuesta­mente pagaban y, además, por contar con la colabora­ción de efectivos de fuer­zas de seguridad y políticas para cubrir el delito.

En el contexto de la mis­ma causa, el juez consideró que existen pruebas sufi­cientes para considerar que Mariela Alejandra Terán, hija del ex intendente ita­teño Natividad Terán, co­laboró con la organización de Saucedo. Está acusada de haberle facilitado automó­viles a la organización para concretar el transporte de la droga.

En tanto, Walter Piris, pareja de Mariela Alejan­dra Terán, es acusado por organizar y concretar el traslado del estupefaciente. Éste actualmente está pre­so en la Unidad Penal Nº 6 luego de haber sido conde­nado en 2017 por transpor­te de drogas en una causa en la que fue descubierto mientras trasladaba 9 kilo­gramos de esa droga en un automóvil.

“La causa Sapucay tiene falencias”

El abogado Alejandro Argibay llevó adelante la defen­sa técnica del ex viceintendente de Itatí Fabio Aquino, quien luego de haber estado detenido más de dos años recuperó la libertad luego de un juicio abreviado, en el que se reconoció partícipe del delito de asociación ilíci­ta para el transporte de drogas.

El letrado puso en duda las acusaciones a su clien­te como también a otros involucrados en la causa 3.002/2017 que había originado el Operativo Sapucay el 14 de marzo de 2017 en Itatí. “La causa tiene muchas falencias”, afirmó Argibay, y fundamentó su punto de vista en que “de los 15 que firmaron los juicios abrevia­dos, tres fueron absueltos”. Y respecto a ello dijo que a estos últimos “tenían que haberlos acusado de algo, no absolverlos. Esto significa que contra algunas personas no hubo nada y que el capricho judicial es terrible”. Confirmó que “(Fabio Aquino) firmó un juicio abrevia­do con la Fiscalía, reconociendo su culpabilidad, pero es terrible que ocurra esto, y yo no quiero que se condene sin fundamentos”.

En este contexto defendió la inocencia de su defen­dido y sostuvo que “él estuvo un año y medio detenido sin condena, obviamente que se va a querer ir a su casa, firmando un juicio abreviado”.

Indicó entonces que, según su punto de vista, “el jui­cio abreviado termina siendo utilizado como una he­rramienta judicial extorsiva; en el caso de Aquino dicen que hay un testigo encubierto que dice que él sería parte de una asociación ilícita, un gendarme y cuatro escu­chas que no son concretas”.

Tras firmar el juicio abreviado, Aquino quedó libre y volvió a la localidad de Itatí, aunque con una sentencia condenatoria en su contra.