Soto Dávila se defiende, dice que fue víctima de espionaje ilegal

El ex juez Carlos Vicen­te Soto Dávila se presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ampliar su declaración como imputado en la causa judicial en la que se lo inves­tiga por presunto cobro de coimas a narcos.

En los tribunales ubicados en la avenida Comodoro Py 2002, el ex titular del Juzga­do Federal 1 de Corrientes presentó un escrito con la representación de la aboga­da Mariana Barbitta, con la versión de los hechos que se le imputan y evitó respon­der preguntas.

Sostuvo que “algunos de los hechos que aquí se me imputan se basan exclusi­vamente en dichos de arre­pentidos” y puso en duda la validez de estos testimonios al indicar: “Estamos hablan­do de un instituto regla­mentado a través de una ley inconstitucional, como es la ley 27.304 -ley del Arrepen­tido-, la cual permite la au­toincriminación forzada”.

ABOGADO TRUCHO

En su descargo, el ex juez Soto Dávila también esgri­me argumentos referidos a supuestos intereses de fun­cionarios de la política para que se lo aleje del cargo.

Advirtió que la investi­gación llevada adelante en su contra sería parte de un entramado en el que inter­vinieron personas de dudo­so proceder, como el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien actualmente está investigado por “inventar causas”, supuestamente, en connivencia con el funcio­nario del Ministerio Público Fiscal Carlos Stornelli -ac­tualmente en rebeldía por espionaje-.

“Debiera interesarle a Vuestra Señoría saber que el señor (Marcelo) D’Alessio refiere haber realizado acti­vidades de inteligencia pa­raestatales en la provincia de Corrientes, específica­mente en causas a mi cargo, cuando aún era juez federal, y presentándose como abo­gado especialista”, expuso el ex juez. La ampliación de las declaraciones de Soto Dávi­la se hicieron luego de que el cuestionado fiscal federal Carlos Stornelli y el titular de la Procunar, Diego Igle­sias, solicitaran la elevación a juicio de la causa por la que está procesado junto a dos de sus secretarios, cinco abogados y un ex intenden­te, por el presunto cobro de coimas a narcotraficantes del llamado Operativo Sapu­cay.

Los procuradores le hicie­ron el pedido al juez Rodolfo Canicoba Corral, como su­brogante en el Juzgado Fede­ral en lo Criminal y Correc­cional 12, ante quien sostu­vieron que el ex magistrado era el “organizador” de una asociación ilícita dedicada al supuesto cobro de sobornos a imputados en causas de narcotráfico en el Juzgado Federal 1 de Corrientes.

Según el requerimiento, el pedido de coimas era a cambio de aliviar sus situa­ciones procesales, al me­nos desde 2010 y hasta el 5 de diciembre de 2018. Los acusados en esta causa son, además de Carlos Soto Dávi­la, los ex secretarios penales de su juzgado Pablo Molina y Federico Grau; los aboga­dos Duilyo Barboza Galea­no, Jorge Vallejos, Gregorio Giménez, Tomás Viglione y Omar Serial, así como el ex intendente de la localidad de Empedrado Juan Manuel Faraone