Caso Ramoncito: la enfermera prófuga estaba en el padrón

El abogado que represen­ta a la madre de Ramón Ig­nacio González pidió que se investigue las responsabili­dades en relación a la fuga de Patricia Mabel López, quien había estado prófu­ga durante siete años pese a tener una condena de prisión perpetua por haber participado del ritual esoté­rico en el que asesinaron al niño de 12 años en la ciudad de Mercedes.

El letrado Marcelo Han­son fue contundente al sostener que “tienen que responder las autoridades respecto de por qué no la buscaban” y afirmó además que López “estaba en el pa­drón electoral incluso”, du­rante gran parte del tiempo en la que era requerida por la Justicia.

“No se por qué no se la buscaba”, sostuvo el repre­sentante de Norma Gonzá­lez, quien en varias oportu­nidades había criticado la desidia, principalmente de la Policía de Corrientes, en relación a la búsqueda de la enfermera.

En 2015 ya había hecho una dura crítica al respecto y reclamó que se intensi­fiquen los operativos para hallar a la mujer sindicada como la que drogó a la víc­tima para que lo sometan sexualmente y luego la de­capiten.

Reconoció, sin embar­go, que “es una inyección de tranquilidad para esta etapa, en la que los autores materiales están siendo de­tenidos y se está cerrando (la causa) con los condena­dos cumpliendo condena”.

El querellante remarcó en una radio de la capital co­rrentina que “la detención de esta mujer cierra un ca­pítulo respecto de los que ya tienen condena, pero hay que seguir trabajando por­que la investigación derivó en que había intelectuales y personas implicadas en eso pero no se dieron nombres porque eran de mucho po­der”.

Pero su punto de vista en muy distinto al que tiene el letrado Hermindo Gon­zález, referente de la orga­nización Infancia Robada, quien también participó de la investigación de los he­chos.

Según dijo González a NORTE de Corrientes, “es difícil” que la Justicia co­rrentina retome la investi­gación a 13 años del crimen.

Sostuvo que “la Fiscalía debió activar la averigua­ción en un primer momen­to de la instrucción y hasta con los elementos del pri­mer juicio, pero esto no se hizo”.

“No se investigó la auto­ría intelectual del crimen, aunque en los dos juicios surgieron elementos, de­claraciones de una testigo clave, pero no se avanzó, no se abrió una investigación”, sostuvo.

CINCO CASOS DESPUÉS DE MERCEDES

Corrientes, provincia de crímenes rituales

Tres días antes del arresto de Patricia López, última prófuga condenada por el asesinato de Ramón “Ramoncito” González, se cumplían siete años de la denuncia que desataría el caso de los hermanos de Empedrado. El 21 de septiembre de 2012, Inés Valenzuela y su cuñada Norma Suárez denuncia­ban ante la comisaría que dos de los tres hijos de la primera habían sido vio­lados por su padre y tres primos durante rituales. La posterior declaración de los menores M.E.M. y D.L.M, en ese entonces de 10 y 14 años, reveló deta­lles truculentos de abusos sexuales intrafamiliares y ceremonias religiosas encuadradas por los in­vestigadores como de la secta “kimbanda”. La cau­sa -que llegó a tener como imputados a un funciona­rio municipal, a su esposa concejal, a un ex comisa­rio y a una chamamecera- se fue desgranando y a la instancia del juicio sólo llegaron los sindicados autores materiales de los abusos sexuales. Empero, al abrirse el debate -en 2017- la defensa formuló cuestionamientos al re­querimiento de elevación de la Fiscalía por carecer de una circunstanciación precisa en tiempo y espa­cio de los hechos endilga­dos y obtuvo del Tribunal Oral Penal Nº1 la decisión de reenviar el expediente al Juzgado de Instrucción de Saladas, donde dormi­taba en un letargo pelia­gudo de revertir.

Un antecedente de im­punidad es el caso Romi­na Gutiérrez, también en septiembre pero de 2007. La niña fue violada, asesi­nada y su cuerpo abando­nado a la vera de la ruta. Cuatro años después la Justicia había sobreseído a los hombres acusados.

El antropólogo Hum­berto Miceli, titular del Gabinete de Investiga­ciones Antropológicas de la Provincia, que fue quien esclareció el caso “Ramoncito” (ocurrido entre el 7 y 8 de octubre de 2006 en Mercedes), sostiene que tanto Romi­na como los hermanos de Empedrado y otros ocu­rridos en el interior (dos en Curuzú y uno en Li­bres), fueron víctimas de un “crimen ritual cúltico”: una modalidad específica de delictualidad donde se combina el crimen or­ganizado con la mágico-religiosidad y cuyos eje­cutantes son las “sectas destructivas” , como la que aniquiló a “Ramonci­to”. “Se trató de un crimen ritual cúltico realizado en carácter de ofrenda. El contexto muestra una hi­bridación de cultos afro­brasileños y magia hispa­no guaraní, entre lo que se destaca como recurrente el culto al Señor de la Muerte”, había enfatizado Miceli al ser entrevistado por NORTE de Corrien­tes en 2015.

En 2017 Miceli investigó el caso de otro asesinato (calcado): “Marito” Salto, en Quimili (Santiago del Estero). Pero para Miceli Corrientes tiene “ubica­ción geoestratégica que ofrece innumerables ven­tajas como lo que atañe a la globalización en su lado oscuro”.

DERROTERO DE UNA CAUSA HISTÓRICA

Fiscal dice que hay elementos para investigar

El fiscal que intervino en los dos juicios realizados a los responsables de haber asesinado a Ramón Ignacio González, sostuvo que en los debates habían surgido elementos para ahon­dar en las averiguaciones, pero que la Justicia no avanzó.

El titular del Ministerio Público Fis­cal de Mercedes, Juan Carlos Alegre, sostuvo que “no se investigó la autoría intelectual del crimen, aunque en los dos juicios surgieron elementos, de­claraciones de una testigo clave, pero no se avanzó, no se abrió una investi­gación”, sostuvo el letrado en declara­ciones a una radio de la ciudad de Co­rrientes.

También hizo notar la falencia del sistema de justicia al explicar que “en el primer juicio el Tribunal Oral Penal entendió que había dudas respecto de la participación en el hecho de Fermín Sánchez y Patricia López”. En ese pro­ceso nueve personas eran juzgadas y siete fueron condenadas.

Tras la absolución, Sánchez y López abandonaron la provincia.

La Fiscalía había apelado el fallo y el Superior Tribunal lo revirtió y de­claró responsables por el crimen a los imputados. “Nosotros recurrimos la sentencia ante el Superior Tribunal y se dispuso que López sea considerada coautora responsable junto a Sánchez. Y pedimos las detenciones, pero cuan­do se tomó la medida los imputados ya no estaban en la ciudad de Mercedes”, explicó el funcionario de la Fiscalía de Mercedes