La seguridad alimentaria

A mediados de septiembre y empujada por una serie de movilización de organizaciones sociales y sindicales se aprobó en el Congreso de la Nación la emergencia alimentaria, que en realidad es el retoque a una ley que ya estaba vigente, pero que tenía un cumplimiento laxo por parte del Estado. El tratamiento del proyecto se vio acelerado por un encendido debate sobre los efectos que la crisis económica que envuelve al país ha provocado en los sectores más vulnerables de la población y en ese marco se escucharon expresiones poco atinadas de representantes del oficialismo, aunque, como contrapartida, también corresponde decir que hubo una alarma artificiosa por parte de la oposición. Siempre pujando desde los extremos se ha legislado una vez más en el apuro de la coyuntura. En verdad era necesario revisar el alcance del beneficio asistencial, pero en modo alguno lo resuelto supone una solución al problema de fondo.

Pasaron dos semanas y el cuadro no ha variado, sin embargo los piquetes -por ese motivo- parecen haber cesado. ¿La sanción de la ley hizo desaparecer la necesidad? De ninguna manera. Los datos de la pobreza que difundió el Indec a principio de esta semana y que muestran un notable crecimiento respecto de la medición anterior, dan sustento a la legítima preocupación de quienes plantearon la actualización de la emergencia alimentaria (el candidato presidencial Roberto Lavagna, entre otros).

Ahora bien, lo más fresco que se sabe de la ley es que el Gobierno nacional la promulgó en los últimos días, pero la aplicación está demorada. Luego el informe del Indec sobre el 35,4% de índice de pobreza en la Argentina (en Corrientes llega al 41,4%, tras bajar ocho puntos), la Casa Rosada decidió que la emergencia alimentaria se ejecutará cuando las provincias envíen sus programas de asistencia al Ministerio de Desarrollo Social para que se pueda hacer un mapeo de la distribución de las nuevas partidas aprobadas en el Congreso.

Consultada al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, señaló que “ya se vienen reforzando las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas alimentarias y aumentándolas escalonadamente”, pero ratificó la decisión del presidente Mauricio Macri de no brindar una “ayuda extra” en función de los nuevos datos de pobreza que alcanzan a 15 millones de argentinos. La mitad de los chicos menores de 14 años son pobres.

Sin dudas que hay una necesidad y resulta imperioso concurrir en ayuda de los que padecen, sin embargo el déficit social, rotulado como emergencia por la falta de alimentos, se puede resolver con una ley que reasigne partidas presupuestarias. ¿La inseguridad alimentaria es un problema de recursos? es la pregunta de fondo y es la que se hicieron Roberto Feeney y Bernardo Piazzardi, dos catedráticos en agronegocios y alimentos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, que en 2015 realizaron una investigación sobre el tema.

Las preguntas que motivaron ese trabajo hoy siguen siendo válidas: ¿Por qué Argentina no logra aún superar las condiciones de inseguridad alimentaria en un sector de la población? ¿Cómo armonizar el potencial de Argentina como exportador de alimentos y garantizar, al mismo tiempo, niveles adecuados de seguridad alimentaria y alimentación saludable?

Aplicando el criterio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Agro) constataron que el país no logra cubrir aspectos que hacen al uso y acceso de los alimentos. Y arribaron a la conclusión de que el problema de inseguridad alimentaria no es estrictamente un problema de recursos, como el que trata de resolver la prórroga de la ley.