Tras 50 allanamientos desbaratan la banda del préstamo “gota a gota”
Un juez ordenó procedimiento en tres ciudades correntinas y de otros puntos del país. investigan delitos de usura y lavado de dinero.
El juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá ordenó más de medio centenar de allanamientos en dicha localidad, la Capital, Goya y ciudades de la provincia de Buenos en el marco de una investigación sobre presuntos delitos financieros y otros conexos llevados a cabo por personas de nacionalidad colombiana pero radicadas en Argentina. Como resultado del accionar, consumado por la Policía Federal, 86 personas quedaron aprehendidas y se incautaron varios elementos de interés para la causa como ser dinero en efectivo, vehículos y muebles. La pesquisa data de diciembre del año pasado, cuando el titular del estamento, doctor Martín Vega, dispuso la detención de dos colombianos en el marco de una causa por el presunto delito de usura.
Fuentes judiciales informaron ayer que el doctor Vega “ordenó allanamientos en todo el país con motivo de la investigación de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita”. Los hechos investigados se habrían originado en lo que se denomina “préstamos gota a gota”.
“Esta modalidad de préstamos usura no es legal”, aclararon los voceros del Poder Judicial y detallaron que en el expediente figura “registros de amenazas y coacciones para obtener la devolución de los préstamos concedidos”.
Otras fuentes consultadas manifestaron que procedimientos similares se registraron durante la mañana en las ciudad de Corrientes (en la zona del campus de Derecho) y la de Goya. Los allanamientos fueron tanto en domicilios particulares como en talleres, de donde se incautaron muebles allí construidos para su posterior oferta en la vía pública.
Un informante, de manera extraoficial, detalló que “en Bahía Blanca se realizó 6 allanamientos, donde se logró la detención del presunto jefe de la banda. Además incautaron gran cantidad de pesos y moneda colombiana”.
La investigación tuvo su origen a fines de 2018 con la denuncia de un comerciante, quien manifestó ante la Policía que personas que le habían otorgado un microcrédito fueron hasta su negocio, provocando destrozos, propinándole golpes y amenazándolos de muerte.