El derecho en la emergencia

La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es contraria a la pretensión del Gobierno Nacional y en favor de las provincias respecto del recorte de fondos que vienen sufriendo como consecuencia de una medida económica implementada vía decreto por la Casa Rosada, abrió un interesante debate sobre el alcance de las responsabilidades de cada parte integrante de un Estado estructurado en el sistema federal. Concretamente una mayoría de (tres) jueces del máximo tribunal del país ordenaron cesar la poda de recursos que comenzó a practicar el Gobierno central, al señalar que la reducción de los impuestos al valor agregado (IVA) y a las Ganancias dispuestas recientemente por la administración de Mauricio Macri “no puede afectar los fondos de coparticipación” que corresponden a las provincias. Aunque provisoria, se trata de una definición tajante por parte de la Corte.

Independientemente de la lectura política que se ha hecho del fallo, es innegable que el tribunal supremo ha actuado en el marco de su competencia y con la premura que reclama el procedimiento. El asunto de fondo está todavía por verse, por lo pronto con esta resolución lo que hizo la Corte fue responder a una solicitud de medida cautelar que presentaron 15 provincias, la totalidad gobernada por partidos de la oposición, que se sintieron afectadas por la restricción de fondos que estableció el gobierno de Cambiemos (que en su versión electoral se llama Juntos por el Cambio). Las gobernaciones alineadas a la Casa Rosada, entre ellas Corrientes, no adhirieron al planteo judicial, pero de todos modos quedarán comprendidas por la orden que impartió la Corte.

La medida cautelar, firmada por tres votos contra uno (el presidente Carlos Rosenkrantz firmó en disidencia y la vice Elena Highton no lo hizo) dispone que los costos fiscales que surjan de la aplicación de los decretos 561/19 y 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y de las resoluciones generales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) 4.546/19 y 4.547/19, sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional.

Sucede que cuando el gobierno de Macri dispuso eliminar el IVA en un puñado de productos alimenticios y bajar a la mitad el pago de impuestos para aliviar la situación de los sectores más golpeados por la crisis económica, afectó a la composición de la masa de recursos coparticipables reduciendo la cuota parte que les corresponde a las provincias. Fue una medida unilateral, adoptada de manera inconsulta después de la debacle que se desató tras las elecciones Primarias. Los gobernadores acusan problemas financieros porque dejaron de recibir un importante flujo de dinero, que es esencial para sostener sus administraciones.

Corrientes perderá algo más de 1.300 millones de pesos con esta medida. El gobernador Valdés, aliado a Cambiemos, no fue a la Justicia, pero se sinceró ante la gente sobre la magnitud del impacto y maniobró rápidamente para mantener el equilibrio, de todos modos el caso sirve para ejemplificar la situación de otras provincias. En algunas jurisdicciones sufrieron un descalabro.

Ahora bien, más allá del aspecto financiero, que es crucial, incluso de lo legal que está fuera de discusión, corresponde analizar con serenidad, sin los apasionamientos de la política, si está bien que en una situación delicada como la que atraviesa el país, el Gobierno central puede echar mano a herramientas extraordinarias para morigerar la crisis, aunque esas medidas vayan en perjuicio de las provincias.

Así como es legítimo el reclamo de las provincias, es innegable la buena intención de la Nación. Todo esto en un contexto de emergencia, que demanda soluciones inmediatas. Menudo dilema, que se debe congeniar con la observancia del Derecho.