Sospechan que una banda de usureros operaba con dinero del narcotráfico

En bicicletas y motocicletas a las que adosan carros, los comerciantes de muebles se movilizan por los barrios ofreciendo esos productos casa por casa en cómodas cuotas, pero con tasas usurarias. Pero en su recorrido aprovechaban para ofrecer préstamos de dinero en forma rápida y sin trámites engorrosos.

Pero esta facilidad con la que se podía acceder al crédito encubría un entramado.

Esta modalidad era utilizada por la organización que es investigada por la fiscal de Curuzú Cuatiá María Alejandra Talamona y el juez Martín Vega por los delitos de asociación ilícita, usura, extorsión, daños y amenazas.

Según la fiscal, “la fábrica de muebles es una fachada para ingresar a los barrios” y de esta forma ofrecer préstamos de dinero con elevadas tasas de interés y por fuera del sistema financiero legal, sin garantes ni fiadores.

Ofrecían empréstitos que iban desde los $2.000 a los $25.000, pero las tasas de interés llegaban al 400%.

Es así que, por ejemplo, un cliente que solicitaba un préstamo de $5.000 debía devolver el dinero en 20 pagos semanales de $1.000.

“No es mucho dinero, pero quienes solicitaban este dinero son personas que no pueden acceder a otro tipo de préstamos, generalmente personas en situación de vulnerabilidad económica”, explicó la funcionaria.

Pero los inconvenientes comenzaban cuando los clientes se atrasaban en los pagos, porque los prestamistas accionaban violentamente, y fue esto lo que dio origen a la investigación que derivó en el operativo realizado esta semana. “Se iniciaron dos causas, una de oficio, por amenazas, y otra por la denuncia de un damnificado y esto dio origen a la investigación”, explicó Talamona.

En ese contexto, en diciembre, se ordenaron allanamientos en los que se incautaron documentos donde constaban envíos de dinero por medio de una empresa de servicios financieros internacionales, además de teléfonos celulares.

Estos celulares fueron peritados por especialistas de la Policía Federal Argentina, quienes descubrieron conexiones entre los prestamistas radicados en Curuzú Cuatiá con otros afincados en las ciudades de Goya, Bella Vista y Corrientes, y éstos a su vez tenían vínculos con otros radicados en Entre Ríos y Buenos Aires. “Se trata de una estructura piramidal con cinco organizadores que operan en todo el país; dos de ellos vivían en Corrientes, y de ahí se trabajaba todo”, explicó la fiscal.

Los datos fueron corroborados con filmaciones de la modalidad de operación de los sospechosos, identificación de identidades y reconocimiento de las zonas donde operaban. Los informes finales de los investigadores fueron remitidos a la Fiscalía de Instrucción el 25 de septiembre pasado.

Las averiguaciones determinaron que la organización está integrada -en principio- por 86 personas, argentinas, colombianas y venezolanas que, además de reunir dinero en forma ilegal, lo sacaban del país.

Luego de evaluar las pruebas colectadas, la titular del Ministerio Público Fiscal pidió al juez Martín Vega que ordene 50 allanamientos para reunir pruebas y detener a los principales responsables de las maniobras investigadas.

“Alrededor de 60 personas fueron detenidas; 12 de ellas ya declararon y fueron trasladadas a distintas dependencias”, explicó la fiscal provincial en una radio de la capital correntina.

En las próximas horas una decena de sospechosos llegarán desde Bahía Blanca, donde fueron detenidos. Uno de éstos sería el organizador de las actividades financieras investigadas y quien administraba una fábrica en esa ciudad.

Lo que se trata de establecer ahora es cómo se originaban los fondos para generar los préstamos y quiénes eran los destinatarios finales del dinero obtenido de la usura. La hipótesis de la Fiscalía es que los préstamos “los utilizaban también para lavar dinero, pero no sabemos si esos fondos provienen de carteles”, explicó la fiscal.

Por su parte, el juez de la causa, Martín Vega, confirmó que la cantidad de dinero que se incautó llega al millón de pesos, además de motocicletas, documentos, equipos informáticos y de telefonía celular. El juez además explicó que la causa es incipiente y “no se estableció nada todavía” respecto a los delitos consumados. “Se trabaja sobre la hipótesis de la Fiscalía, pero todavía no se puede dar por acreditado nada porque el proceso recién está empezando”, explicó. Remarcó que la causa, “como es compleja, y éste es el comienzo de la investigación, no se descartan más allanamientos”.