No llegaron y ya transgreden la ley

Apenas seis de cada diez candidatos que se presentarán a las elecciones generales del próximo 27 de octubre -entre ellos, los integrantes de los 6 binomios presidenciales- cumplieron con la obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en tiempo y forma ante la Oficina Anticorrupción, tal como establece la ley de Ética Pública. Así se desprende de un relevamiento realizado por la fundación Directorio Legislativo, que en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales (ONG) -como Change.org y Causas Comunes- vienen impulsando distintas iniciativas de transparencia durante la campaña electoral, como una ley para transparentar los procesos de lobby. No es una buena señal, los incumplidores son los que luego asumirán la administración de la cosa pública.
Aunque la conducta no es nueva, se reitera en cada turno electoral sin que haya correcciones, sería saludable que la Justicia Electoral establezca algún tipo de sanción, por caso la prohibición de competir. En esta ocasión el porcentaje de cumplimiento es bajo, teniendo en cuenta que la modificación de la ley de Ética Púbica se realizó en 2013, y ya pasó un tiempo considerable para interiorizarse sobre la práctica de presentar las declaraciones juradas. Claramente se trata de una mala costumbre, no es reprendida.
Los 12 candidatos que integran las fórmulas presidenciales presentaron sus declaraciones en tiempo y forma, pero el mayor incumplimiento se registra entre los postulantes a diputados y senadores nacionales. Según la información presentada ante la OA, el presidente Mauricio Macri es el candidato con mayor patrimonio (151 millones de pesos), seguido por Roberto Lavagna (casi 30 millones), José Luis Espert (casi 16 millones), Juan José Gómez Centurión (casi 12 millones), Alberto Fernández (3 millones) y, por último, Nicolás Del Caño (303 mil pesos).
En las últimas elecciones legislativas de 2017, la campaña impulsada por Directorio Legislativo logró que el 66,3% de los postulantes presentaran la información, superando en un 40% lo que había ocurrido en los comicios de 2015. “Pero ahora resulta preocupante que el porcentaje de cumplimiento sea menor al 2017”, advirtió Mercedes de los Santos, directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, quien resaltó que “no hay sanciones previstas para los que no la presentan, salvo la mirada de la opinión pública y organizaciones como la nuestra que hacemos monitoreo”.
La Ley 26.857 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública -que rige desde 1999- estableció la obligatoriedad para los candidatos a cargos electorales nacionales a presentar su declaración jurada patrimonial, con el detalle de sus bienes, acciones bursátiles, empleos anteriores, participaciones en sociedades, entre otros datos.
“La publicación de este tipo de información es un instrumento clave para la rendición de cuentas de los gobernantes, y además sirve para identificar potenciales irregularidades, conflictos de interés y casos de enriquecimiento ilícito de quienes nos representan o aspiran a hacerlo”, señaló De los Santos.
Con la consigna “Candidatos transparentes”, la iniciativa fue acompañada desde la plataforma de peticiones Change.org, que reunió más de 120 mil firmas para que los candidatos presenten la información requerida por ley, lo que demuestra que “la gente quiere saber, exige rendición de cuentas y está a favor de transparentar los procesos”, afirmaron los organizadores. Lamentablemente la propuesta no tuvo la respuesta que correspondía por parte de los candidatos.