Expulsarían del país a los extranjeros involucrados en una causa de usura
Lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a la investigación iniciada en Curuzú Cuatiá y que derivó en 69 detenciones.
Desde el Gobierno prometieron que los extranjeros involucrados en el caso de extorsión, usura y posible lavado de activos que se investiga en Curuzú Cuatiá, “serán expulsados” del país una vez que finalice la tramitación de la causa que es instruida por el juez Martín Vega con base en la investigación de la fiscal de Instrucción María Alejandra Talamona.
“Las personas involucradas serán expulsadas y no podrán volver a ingresar nunca más a nuestro país”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a la investigación de la que participaron los equipos técnicos y profesionales de la Policía Federal Argentina.
De esta forma sostuvo que -en el poco tiempo que le queda de gestión- buscará generar políticas “para que los que vengan a la Argentina, no vengan a delinquir, sino a trabajar”.
La funcionaria advirtió que las autoridades argentinas habían sido advertidas en 2016 de la existencia de las operaciones de usura en el contexto de micropréstamos por fuera del sistema legal, aunque recién este año se concretó “la operación más importante de la historia contra la modalidad gota a gota”.
“Hace tres años, autoridades de la Policía de Colombia nos advirtieron respecto de una nueva modalidad delictiva que se estaba expandiendo por Latinoamérica a partir de un sistema de microlavado de dinero proveniente del narcotráfico”, recordó la funcionaria nacional.
Explicó que se trata de “una nueva forma que utilizan los cárteles para pasar desapercibidos donde el dinero del narcotráfico se blanquea gota a gota”.
El primer paso es el envío de dinero desde Colombia a Argentina. Según la investigación desarrollada por la Fiscalía de Instrucción de Curuzú Cuatiá y un juzgado de esa localidad, previamente las remesas eran enviadas a Brasil, desde donde ingresaban a Argentina y eran administradas por el responsable de la organización, radicado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Éste, a su vez, distribuía esos montos a varios responsables “regionales” -en principio- de Entre Ríos y Corrientes, que usaban estos fondos para realizar negocios por fuera del sistema legal. “Son dos modalidades, una de ellas es la de mueblerías y otras de préstamos”, sostuvo Bullrich en una conferencia de prensa.
La funcionaria nacional sostuvo que al ser anoticiados de la existencia de estos movimientos financieros, estuvieron mucho tiempo para encontrar el encuadre legal de este delito.
Esto es porque “primero se encuadraba como usura -delito del fuero ordinario-, pero no generaba consecuencias penales claras respecto de la situación”.
Pero posteriormente se vinculó a estas operaciones con acciones de lavado de activos originados en otros delitos y así observaron que el dinero que usaban los prestamistas sería proveniente del narcotráfico.
Las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación son en relación al caso que derivó en 50 allanamientos realizados en 13 ciudades de tres provincias, en los que se detuvo a 69 personas, mientras que otras 26 quedaron afectadas a la causa.
La investigación se inició en diciembre de 2018 con dos allanamientos de la Policía de Corrientes. Luego intervino la PFA, que peritó teléfonos e identificó a los integrantes de la banda. Estiman que la organización prestaba a los clientes bajos montos de dinero sin requisitos, pero les cobraba tasas que llegaba al 900%. Lo percibido por el cobro de estas tasas eran enviadas a Colombia, donde al ingresar al sistema financiero de ese país, el dinero quedaba blanqueado.