Duro cruce entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich por la “ley mentira”

El tuit inicial lo escribió Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, des­pués de que Alberto Fernán­dez, candidato a presidente por el Frente de Todos, seña­lara que el llamado proyecto de “ley mentira” es incons­titucional: “EE.UU., Alema­nia, Francia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Bulgaria e Italia. Estos son algunos de los países que aplican la ley en la que no se le puede mentir al juez. Lo que está mal @alferdez es mentir, es inmoral. Esto es verdadera Justicia”.

Un día después, Alber­to Fernández respondió y, aunque el tuit no muestra el tono, “suena” enojado con la idea del Gobierno de establecer penas de un mes a cuatro años para quien en declaración indagatoria mienta. “Nadie está obliga­do a declarar en su contra”, se establece, pero tanto Bull­rich como el ministro de Se­guridad, Germán Garavano, explicaron que no estar obli­gado a declarar en contra de uno mismo puede respetar­se manteniendo silencio y no faltando a la verdad.

Fernández retrucó, tam­bién en redes sociales: “El Ministerio de Seguridad a su cargo deja que la Policía mate por la espalda, la UIF espía a jueces y el Ministerio de Justicia limita el derecho de defensa en juicio. Eso es tan cierto, ministra, como que mentir está mal y es inmoral. Mándele un tuit a Macri y recuérdeselo”.

A Bullrich le tomó unos minutos responder. “Su de­claración sobre Seguridad es para defender a delin­cuentes, desproteger a las fuerzas federales acusándo­los de asesinos, y mantener un sistema penal que avala la mentira. Con usted, los narcos y chorros, de fies­ta. Mándele un tweet a @CFKArgentina y recuér­deselo”.

La polémica se generó luego de que el Gobierno anunciara un proyecto de ley para ampliar la ley de falso testimonio. En el proyecto que se presentó en medio de la campaña se prevén penas de prisión de un mes a cuatro años a quien “siendo parte en un proceso judicial o procedimiento administrativo a sabiendas afirmare una falsedad o ne­gare la verdad en todo o en parte, en cualquier presen­tación oral o escrita hecha ante autoridad pública”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, también le contestó a Fernández. En declaraciones al portal Infobae aseguró que el pro­yecto “no limita en nada el derecho de defensa, es un proyecto de ley a debatir en el Congreso”. También dijo que “no parece muy democrática (esa declara­ción) cuando el nuevo Có­digo Procesal apoyado por ellos ya elimina la indaga­toria y no es necesario que declare el imputado”. Por su parte, fuentes de la UIF consideraron que se trata de “operaciones mediáticas falsas” y desmintieron “ca­tegóricamente” las insinua­ciones sobre un supuesto involucramiento en tareas de espionaje. “La UIF de Ar­gentina no hace espionaje, es un organismo encargado de investigar sospechas de lavado de activos y finan­ciación del terrorismo. Para ello, recibe información de fuentes locales e interna­cionales y cuenta a su vez con facultades legales para requerir información sobre las operaciones sospechosas que se encuentre analizan­do”, dijeron.

También explicaron que “la UIF tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus investigaciones y no revelar su existencia ni contenido a ningún tercero, menos aún a quienes puedan ser objeto de las mismas”. Consultadas las fuentes al respecto, de­jaron trascender que el juez que inició la investigación presentó un requerimien­to al organismo buscando saber si la UIF lo estaba investigando