La lupa sobre la prole

La organización Poder Ciudadano reclamó que se haga pública la información patrimonial de los cónyuges e hijos de los candidatos nacio­nales que se presentan en la próxima elección del 27, tal como determinó la Justicia el año pasado, pero que hasta el momento no se cumple. “A pesar de que la Justicia ordenó hacer pública la información de los cónyuges e hijos/as de aquellos que presentan su declaración jurada patrimonial, se sigue restringien­do el acceso al público de esa información”, advirtió la organización a través de un comunicado, en el que instó al Poder Ejecutivo la debida publicidad de esos datos.

A raíz de una acción colectiva iniciada por esta organización en septiembre de 2018, la Justicia declaró inconstitucional el artí­culo 5 del régimen de Declaracio­nes Juradas, así como un decreto y resoluciones del Ministerio de Justicia que restringían el acceso a esa información. De esta ma­nera, la Justicia obligó al Estado “a adecuar el régimen de las de­claraciones juradas patrimonia­les integrales”. Y en ese sentido, Poder Ciudadano señaló que “se deberían haber arbitrado los medios para adecuarse a las disposiciones impartidas por la Justicia. A pesar del tiempo transcurrido, no sólo no se han efectuado las reformas ordenadas, sino que se sigue restringien­do la información de carácter público, necesaria para un adecuado control social de la gestión pública”. Además, cuestionó que “en oportunidad de solicitar­le a los candidatos a presidente y vice la información patrimonial, se hizo caso omiso a lo ordenado por la Justicia”, y aclaró que esta información puede verse, no sólo en las declaraciones juradas publicadas, sino también en el instructivo a esos fines.

Por otra parte informó que “se hará saber al juzgado interviniente esta situación, a fin de que ordene las medidas que considere necesarias para garantizar el debido respeto al derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía en su conjunto”.

Hace un par de semanas se supo que apenas seis de cada diez candidatos nacionales de cara a las eleccio­nes generales cumplió con su obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en tiempo y forma ante la Oficina Anticorrupción, tal como esta­blece la ley de Ética Pública. La información, que tuvo tratamiento en esta columna, surgió de un releva­miento de la fundación Directorio Legislativo, que -en conjunto con otras ONG- viene impulsando iniciati­vas de transparencia durante la campaña electoral.

Los 12 candidatos que integran las fórmulas presidenciales pre­sentaron sus declaraciones en tiempo y forma, pero el mayor in­cumplimiento se registra entre los postulantes a diputados y senado­res nacionales que están disemi­nados en las listas legislativas que abundan en las provincias, y que la mayoría de las veces consiguen zafar de los filtros de control.

Según la información presenta­da ante la OA, el presidente Mau­ricio Macri es el candidato con mayor patrimonio (151 millones de pesos), seguido de Roberto Lavagna (casi 30 millo­nes), José Luis Espert (casi 16 millones), Juan José Gó­mez Centurión (casi 12 millones), Alberto Fernández (3 millones) y, por último, Nicolás Del Caño (303 mil pesos).

En las últimas elecciones legislativas de 2017, la campaña impulsada por Directorio Legislativo logró que el 66,3% de los postulantes presentara la infor­mación, superando en un 40% lo que había ocurrido en los comicios de 2015. “Pero ahora resulta preocu­pante que el porcentaje de cumplimiento sea menor al de 2017”, advirtieron desde el organismo, que recor­dó que “no hay sanciones previstas para los que no la presentan, salvo la mirada de la opinión pública y de las organizaciones que hacen el monitoreo”.