Federalización de la batalla contra la droga

—¿Cuál debería ser el rol de las provincias en la lu­cha contra el narcotráfico?

—El problema del nar­cotráfico es complejo y por ello debe abordarse en sus distintas dimensiones y de manera interdisciplinaria por las diferentes figuras penales y la enorme inci­dencia del crimen organi­zado. Además, la cuestión debe ser encarada desde la complejidad que presenta cada territorio y jurisdic­ción. Por eso es importante la integración de mesas de trabajo para el intercambio y planificación conjunta entre la Justicia federal, provincial y las fuerzas de seguridad. Esto se da en el marco de la llamada desfederalización de la persecución penal del narcotráfico. En rigor yo considero que se trata de una verdadera refederaliza­ción del problema, porque las provincias retoman una facultad que se hallaba de­legada en el ámbito federal. Las provincias retoman fa­cultades para la lucha con­tra el narcomenudeo que, en términos generales, al conocer y abarcar la com­plejidad territorial se puede atender de una manera más eficaz y eficiente. Está claro que corresponde a cada pro­vincia decidir respecto de la eventual adhesión al siste­ma a partir del ejercicio de sus facultades propias y el conocimiento profundo de sus respectivas situaciones.

—¿Cómo influye el abor­daje de los delitos finan­cieros como el lavado de activos en la lucha contra el narcotráfico?

—Es fundamental la in­teracción en el nivel del control y persecución penal, porque estas actividades trabajan articuladas en la dimensión del crimen orga­nizado. Ahora bien, siendo cierto e incuestionable que las organizaciones tienen como uno de los fines -tal vez el prioritario- recaudar dinero, no se trata solo de un problema económico, sino que también hay una pro­blemática social compro­metida, naturalmente, y de orden político porque quien está relacionado con las sus­tancias estupefacientes a nivel de adicción profunda o en el circuito comercial, en­cuentra severamente condi­cionado en su accionar y el ejercicio de su libertad. En­tonces la droga también se convierte en un elemento de control social. El que maneja la distribución de la droga en cierta forma tiene el con­trol de ese grupo social, y esto debe atenderse.

—Se investigan a funcio­narios con relación a deli­tos de narcotráfico ¿Cuál es su punto de vista?

La situación en nuestro país no es terminal, en el sentido de que no existen integrantes de los cárteles en espacios de poder. Lo que sí hay, y los casos judiciales se han hecho públicos, su­puestos casos aislados de dirigentes que por un inte­rés básicamente económico se involucran con el crimen organizado, en el narcotrá­fico. Pero estos no son parte de estas organizaciones. Es distinta la situación respec­to a otros países en los que existen integrantes activos de las organizaciones en las instituciones

Fiscalía rural

Durante su visita, Conte Grand también charló con los funcionarios correntinos con relación al delito en el ámbito rural.

“En la provincia de Bue­nos Aires participamos de la Mesa de Seguridad Rural, con intervención de las or­ganizaciones rurales. He­mos avanzado en la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales. Esto tie­ne su complejidad porque el funcionario, en la actua­lidad, interviene cuando hay abigeato, pero también en casos de violencia de gé­nero, homicidios o delitos simples. Y esto requiere una adecuada capacitación y co­nocimiento de la realidad, porque cada jurisdicción tiene características propias. Tuvimos resultados muy po­sitivos con todos estos mo­delos, por ello nos reunimos con representantes de la Sociedad Rural y del Minis­terio Público de Corrientes, para compartir nuestras ex­periencias. Aquí ya hay una fiscalía especializada en de­litos rurales y ambientales, tiene previsto abrir tres más en 2020