Robo, delitos sexuales y homicido doloso, las figuras más repetidas

La población penitencia­ria en Corrientes mostró un crecimiento internanual en el período 2017-2018, mientras que el exceso de capacidad general en las unidades penales mostró un leve descenso en el mismo lapso. Los datos se despren­den del último informe del Sistema Nacional de Esta­dísticas de Ejecución de la Pena (Sneep), dependien­te del Ministerio de Justi­cia y Derechos Humanos de la Nación, publicados ayer: había 1.324 personas (96% hombres) alojadas en 11 cárceles ubicadas en el territorio provincial. De la información oficial sur­ge que las tres principales modalidades delictivas que motivan el encarcelamiento han sido: el robo, los delitos contra la integridad sexual y el homicidio doloso.

El Sneep 2018 expone cifras significativas de la situación del sistema pe­nitenciario en Argentina: al 31 de diciembre del año pasado había 94.883 perso­nas presas en todo el país (95% hombres). La pobla­ción prisionera en Corrien­tes equivale a sólo el 1,4% del país, no obstante expo­ne la misma tendencia a la saturación: el exceso tan­to a nivel provincial como nacional ha sido del 22%. Esto llevó a que el titular de la mencionada cartera del Gobierno nacional, Ger­mán Garavano, declarara en abril último la “emergencia en materia penitenciaria” por el lapso de tres años, medida centrada en el Ser­vicio Penitenciario Federal. Éste concentraba el 86% de la población presa del país a 2018 (81.525), con una superpoblación de casi el 25%. En Corrientes, pese a no haber cár­celes federales hay un número consi­derable de presos por delitos de ese tipo, fundamentalmente la Ley de Estupefacientes 23.737 (ver más en la nota de abajo).

SUBE Y BAJA

Las 1.324 personas presas hasta 2018 en la provincia de Corrientes suponen un crecimiento del 17% respec­to a 2017 cuando el número de prisioneros era 1.127, es decir que en el lapso de un año ingresaron al sistema penal 197 internos. Sin em­bargo, los guarismos tam­bién exponen una disminu­ción general en el hacina­miento carcelario, que pasó de 26,3% a 22,7%. Es repre­sentativo de esto la merma en la sobrepoblación de la Unidad Penal Nº 1 (para va­rones con condena firme), que mediante la construc­ción de dos nuevos pabello­nes y la ampliación de los ya existentes aumentó su capa­cidad de alojamiento pasan­do de 340 a 440, mientras que la población allí alber­gada creció de 570 a 614, bajando el hacinamiento de 67,6% a 39,5%. Pero más allá de las refacciones y la descompresión que dispu­so la creación de unidades para condenados en Paso de los Libres, el edificio de la avenida 3 Abril 57 data de 1888 y el Gobierno anunció semanas atrás su cierre para fines de 2020, con la puesta en funcionamiento de un complejo penitenciario en las afueras de la Capital (ver zócalo).

MODALIDADES CRIMINALES

El robo (consumado o en tentativa) es el delito por el cual más del 30% de los internos se encuentran pro­cesados o condenados. En segundo lugar aparecen los delitos contra la integridad sexual, que representan el 23%, superando a los homi­cidios dolosos que equiva­len al 16%.

Del Sneep 2018 también surge el dato de que el 10% de los presos de Corrientes son reincidentes. 

El 5% de los presos está por delitos federales

La provincia de Corrientes es de las pocas que no cuentan con una cárcel federal pese a ser uno de los epicentros de los delitos de esa índole, como el narcotráfico, el contrabando y la trata. Según los datos del Sistema Nacional de Es­tadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep), del total de la población encarcelada en esta jurisdicción, casi el 5% lo está por delitos fede­rales, siendo alojada en unidades penales diseñadas para albergar a delincuentes comunes por pedido de las autoridades judiciales.

Las estadísticas refieren que hay 61 personas privadas de su libertad en las cárceles federales, tanto hombres como mujeres. De ese número, 55 son por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 en las modalidades de tenencia, comercialización y transporte. También hay un número ínfimo (2 casos) de mujeres que se encuen­tran alojadas en la Unidad Penal Nº 3 (Instituto Pelle­tier) por el delito de secuestro extorsivo.

Esta situación irregular motivó que las autoridades de los juzga­dos federales de primera instancia de la ciudad de Corrientes dispu­sieran el alojamiento de encausa­dos en unidades federales de Cha­co y Formosa, ya que también las dependencias de las fuerzas fede­rales (Gendarmería, Policía Fede­ral, Prefectura y Policía de Seguri­dad Aeroportuaria) han colmado su capacidad o directamente no se encuentran en condiciones de albergar a perso­nas con proceso penales en curso.

El Gobierno provincial había anunciado junto a un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la creación de una cárcel federal en Ituzaingó. Empe­ro, los habitantes de la localidad la rechazaron enfáticamente y por ello la posible construcción quedó en suspenso.s

Son 61 presos por delitos federales, 55 por violar la Ley de Estupefacientes. También en una mínima cantidad por secuestro extorsivo

Sin condena

Un reciente informe a nivel na­cional de la Procuración Peniten­ciaria alertó sobre el número de presos federales sin condena: 6 de cada 10 personas privadas de su libertad se encuentran procesadas. “Se evidencia un uso excesivo de la prisión preventiva, que incrementan notoriamente las cifras de encar­celamiento”, destacaron desde el organismo.

Un “cambio de paradigma”

El pasado 9 de octubre, durante la Semana del Penitenciario, el ministro de Seguridad de Co­rrientes, Juan José López Desimoni, al encabezar el acto central había anunciado un “cambio de para­digma” del sistema penitenciario en la provincia. “Vamos a cambiar el paradigma de lo que es una unidad penitenciaria, ya sin muros, del modelo campus, con todas las condiciones que debe te­ner un establecimiento de este tipo, con talleres, ámbitos de perfeccionamiento”, había dicho el funcionario.

Encuentro nacional

El jefe del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), inspector general Rubén Roque Romero, participó junto al equipo técnico de la institu­ción del XIV Encuentro Nacional de la Justicia de la Ejecución de la Pena, del 15 al 19 de octubre en Mar del Plata (Buenos Aires). A través de un comunicado oficial se informó que “el debate aportó conocimientos que serán transmitidos al cuerpo profe­sional que evalúa el tratamiento de los internos”.