El nuevo Código Procesal Penal apunta a dar celeridad y cercanía a la Justicia

La reforma del Código Procesal Penal fue aproba­da mayoritariamente por la Legislatura provincial y ahora espera su aplicación en la Justicia. Impulsada por el Ejecutivo, los cam­bios introducidos apuntan a dar respuestas efectivas a un servicio de justicia que muestra falencias de fondo desde hace años.

Hay que destacar que la nueva norma sigue los li­neamientos del Código Pro­cesal Penal nacional, hoy aplicado en las provincias de Jujuy y Salta.

Una vez publicada, la nueva norma entrará en vigencia sólo en lo que res­pecta al procedimiento de flagrancia, que ya se viene aplicando en los juzgados para las personas sorpren­didas y aprehendidas en el momento de la comisión (o inmediatamente antes o después) de un hecho que pudiera resultar delictivo.

El resto del cuerpo nor­mativo demorará hasta tres años y será de aplicación progresiva en las diferentes circunscripciones judiciales a partir del segundo año.

Ello es así por las impor­tantes exigencias tecnológi­cas, de infraestructura edi­licia y de capacitación para todos los operadores que tendrán a su cargo la imple­mentación del nuevo sis­tema. A lo que se agrega la necesidad de dictar un ple­xo de leyes imprescindibles para su puesta en marcha.

Desde este diario nos preguntábamos si la nueva norma va a cambiar la vida de la gente. En principio po­dríamos decir que el nuevo CCP trae aparejado un cam­bio cultural puertas adentro del sistema de justicia. Con este Código, al cambiar los roles procesales van a cam­biar las funciones de los protagonistas de emplea­dos, y esto de alguna ma­nera va a permitir potenciar todo el sistema de justicia para evitar duplicación de tareas, una burocracia. Lo que se busca es tener ofici­nas judiciales con puertas únicas para que los prota­gonistas no sean derivados, persiguiendo sus casos, sino que en un único lugar logren tener una respuesta.

Ante este escenario, la norma en principio signi­ficará un gran desafío en la Justicia local, que deberá ir a la modernización que ha sido demandada largamen­te por la sociedad y también por los operadores del siste­ma de justicia.

Con este nuevo Código cambiará sustancialmente el rol de los operadores del sistema penal. Serán ahora los fiscales los encargados de llevar adelante todas las investigaciones y los res­ponsables de la suerte de éstas frente al debate oral y público.

Entre los puntos salientes de los cambios se destaca la implementación del criterio de oportunidad o disponi­bilidad para la ejecución de la acción penal, que procura una mejor utilización de los recursos, con prioridad en las causas de mayor tras­cendencia social.

Además, hay esfuerzos en dotar de mayor celeridad y cercanía a los procesos me­diante la inclusión de una mayor utilización de la au­diencia oral.

La reforma también hace realidad una vieja demanda de los abogados, que al lle­var a días hábiles dejan de computarse como corridos los plazos para interponer algún tipo de recurso judi­cial. El proyecto actualiza la normativa e incorpora varias leyes aprobadas. Al respecto, Eduardo Panse­ri, integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, se­ñaló: “Es una verdadera ale­gría desde el punto de vista que por fin la Provincia va a tener una norma que desde 1971 no se podía modificar o agregar nuevas institucio­nes, la modernización de la Ley Procesal Penal, razón por la cual hoy tenemos un Código que trata de reflejar las aspiraciones que tene­mos para realizar un juicio rápido, lo más seguro posible, e incorporar instituciones que nos permitan eficiencia y agilidad en el proce­so”.

Y destacó “la res­ponsabilidad tre­menda que va a tener la comisión dentro de las nor­mas transitorias y sobre ese tema está fiscalizar, moni­torear y analizar permanen­temente el avance”.