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Alumbrar el nuevo Código llevó 15 años y varios intentos fallidos

Dos proyectos lograron media san­ción del senado, pero en diputados no consiguieron consenso y perdie­ron estado parlamentario.

La Provincia tenía un Có­digo Procesal Penal que se sancionó hace 48 años. Eso lo ubicaba como uno de los regímenes más desactuali­zados del país. Los intentos de reforma datan de 2004, pero en cada ocasión que se presentó un proyecto para concretarlo, la carpe­ta terminó cajoneada en la Legislatura y perdió estado parlamentario por no con­tar con la sanción de las dos Cámaras.

En la Provincia de Co­rrientes, la necesidad de la reforma se instaló en la agenda pública hace varios años. En el año 2004, el Superior Tribunal de Jus­ticia presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de Código Procesal Penal ela­borado por la delegación lo­cal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Se generó un intenso deba­te pero el proyecto no fue aprobado. El mismo texto ingresó a la Legislatura en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, sin que logre tratamiento parlamentario. En el año 2010 el diputado Carlos Gustavo Rubín pre­sentó en la Cámara baja un nuevo proyecto.

El Colegio de Magistra­dos y Funcionarios del Po­der Judicial realizó un pro­fundo análisis del proyecto del diputado Rubín y como corolario de ese trabajo pre­sentó en la Legislatura una nueva propuesta normati­va.

En 2012 registró un avan­ce cuando fue aprobado en el Senado, pero al volver a Diputados -Cámara de ori­gen- nunca fue tratado y perdió estado parlamenta­rio. Durante 2013 se reacti­vó la discusión del proyec­to de reforma y diversos sectores consensuaron la necesidad de sancionar el proyecto que contaba con media sanción, para no per­der una nueva oportunidad de modernizar la normati­va procesal penal.

Pese a los esfuerzos, fi­nalizaron las sesiones ordi­narias sin el tratamiento de la reforma que tenía media sanción legislativa. Por lo cual perdió otra vez más es­tado parlamentario.

En 2014 se dio un nuevo intento de reforma e inclu­so ese año logró media san­ción en la Cámara de Sena­dores. Al llegar a Diputados se giró a comisiones y allí quedó porque no se reacti­vó su tratamiento. En 2015, ese proyecto perdió estado parlamentario. A principios de 2017, otro proyecto pro­ponía conformar una co­misión mixta ad honorem que promueva una reforma integral del Código Procesal Penal, a diferencia de dis­tintas iniciativas de años anteriores que promo­vían reformas parciales. El Código aprobado tomó como base uno anterior que perdió estado parla­mentario pero que había logrado dictamen favo­rable, por lo cual desde el oficialismo trabajaron en reflotar la propuesta y la elevaron nuevamente.

En el proyecto trabajaron, entre otros, el doctor Jorge Buompadre; el fiscal Gusta­vo Roubineau; magistrados y especialistas de la Facul­tad de Derecho de la Unne, del Ministerio Público y del Superior Tribunal de Justicia.

Datos abiertos

Las primeras estadísticas que la Justicia de Corrien­tes publica en el Programa Justicia Abierta se refieren a la cantidad de causas ini­ciadas en el Poder Judicial de la provincia en el año 2017, por materia y por mes.

De esta forma, el Poder Judicial se convirtió en unas de las primeras juris­dicciones provinciales en difundir sus datos estadís­ticos conforme al acuerdo firmado por las máximas autoridades judiciales del país y el Ministerio de Jus­ticia y Derechos Humanos de la Nación.

Este convenio, suscripto en el año 2016, se orienta a desarrollar un nuevo sis­tema de estadísticas para la Justicia argentina con el objetivo de “mejorar la ca­lidad y la transparencia de la información estadística elaborada y publicada en las respectivas jurisdiccio­nes, tanto en lo penal como en lo no penal”.s