Bolivia y una señal alarmante

La caída de un gobierno por la fuerza nunca es un buen síntoma. Consentir esa anomalía es igualmente grave. Debería ser motivo de con­dena de las naciones soberanas y tendría que activar mecanismos -claros y directos- de solidaridad, aunque esta acción no vaya más allá de una mera de­claración institucional. El orden constitucional está -o debería- por encima de cualquier interés particular o sectorial, por encima de las ideologías, incluso más allá de las simpatías o antipatías personales. El impe­rio de la ley es un postulado liminar, irrenunciable en cualquier latitud y extremo. El atropello que ha ocurri­do en Bolivia (y que aún no cesa) interpela a los gobier­nos de la región, y a este respecto Argentina dejó en evidencia una preocupante flaqueza de princi­pios.

El agravio a las instituciones democráticas bolivianas, y entre ellas está la figura del Poder Eje­cutivo, constituye una vuelta al pasado, es la germinación del sis­tema dictatorial que alguna vez ensombreció a los países de Sud­américa. En la Argentina todavía quedan heridas abiertas de aque­lla noche oscura, que también se vivió en Chile, Uruguay, Brasil, en la misma Bolivia. Es de esperar que no se repita, que no se propague esta riesgosa insubordinación al Esta­do de Derecho, barnizada de reclamo social, que pare­ciera explotar en distintos puntos de la región.

El corte intempestivo de la gestión de un gobernan­te, la eyección de su administración, a través de una acción anómala, contraria a lo que marca el orden constitucional es un peligroso ejercicio que escamo­tea el poder de la voluntad popular y convalida la ley del más fuerte. Salvando las distancias, la provincia de Corrientes también ha vivido esta nefasta experiencia.

Golpes que derrumban gobiernos e instauran nue­vos esquemas de poder, con mandamientos amaña­dos. Remedo institucional que son paridos con un pecado original: la violación a la ley.

Bolivia, lamentablemente, ha entrado en ese sende­ro. La salida, obligada, de Evo Morales rompió el orde­namiento y puso al país en el terreno de la anarquía. Hoy no hay quién gobierne y en las calles reina la in­seguridad.

Está claro que Morales se fue, no porque así lo eli­gió sino porque los militares se lo impusieron. De no ser por el sesgo ideológico que nubla la visión de mu­chos observadores, en cualquier otra circunstancia y sin importar el lugar del planeta en el que ocurra esta acción, sería calificada como un golpe de Estado. Sin embargo el gobierno argentino tiene otra perspecti­va, argumenta que en razón de que los militares no ocuparon el lugar del presidente el episodio no califica como golpe de Estado.

Según esta dislocada interpre­tación de la diplomacia nacional, avalada por el propio Mauricio Macri, los uniformados bolivia­nos no se hicieron del poder, sola­mente forzaron a que Evo Morales se vaya. Y como luego se puso en marcha el mecanismo de sustitu­ción, pero ninguno quiso tomar esa brasa, el gobierno cayó en ace­falía.

Al canciller Jorge Faurie le tocó la incómoda tarea de tener que ponerle palabras dige­ribles a este viscoso concepto del respeto institucional que enarbola desde ayer el macrismo. Por supuesto, al hombre le fue muy mal en el intento, lo criticaron duro. Su antecesora, Susana Malcorra, consideró “pe­ligrosa la lectura ideológica del Gobierno argentino” sobre lo que sucedió en Bolivia.

Según la ex canciller: “No es una cuestión debatible, es un golpe de Estado liso y llano”. Dentro del gobier­no de Cambiemos hubo otras voces en idéntico sen­tido y hasta los radicales salieron a diferenciarse de Macri, quien parece cada vez más desteñido.

Resulta inquietante la cerrazón ideológica. No se trata de defender a un presidente sino al orden democrático.