El Papa y el caso Romero Feris

La manipulación de los resortes de la adminis­tración de justicia por parte de los hombres con un fin espurio, distinto al de la aplicación del Derecho como un principio esencial del estado republicano, no es algo novedoso, no se trata de un ejercicio inaugurado en este tiempo y en estas latitudes, sin embargo hay que destacar que la provin­cia de Corrientes está a la vanguardia de la ignominia. Una conducta que se acentuó, expandió y perfeccionó en un modelo de injusticia que funciona con un inte­rés político bajo una pátina institucional. Tan efectivo ha resultado el sistema que luego se propagó a otros distritos del país hasta contaminar, incluso, el brazo federal del servicio de Justicia. La multiplicación de casos, que bien podría decirse -y sin mucho mar­gen de error- comenzó en el Ta­ragüí hace exactamente 20 años con Raúl Rolando “Tato” Romero Feris como blanco, ha puesto en evidencia la realidad de un ser­vicio de justicia ensamblado más para la coacción que para la repa­ración.

El cuestionamiento que des­granó en los últimos días el papa Francisco ante un puñado de ju­ristas, miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, resulta iluminador sobre lo que ha sucedido por ejemplo en Corrientes en estas dos décadas con la situación del ex gobernador provincial y dos veces intendente de la Capital, que se encuentra privado de la libertad como consecuencia de un proceso retorcido. Justamente, el Pontífice cri­ticó el “uso arbitrario” de la prisión preventiva y ad­virtió sobre las “imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados”. En ese marco advirtió que ha crecido el número de detenidos sin condena, lo que supone una profundización del deterioro del sistema de Justicia como garantía para los ciudadanos.

“Con las herramientas propias del lawfare, se ins­trumentaliza la siempre necesaria lucha contra la co­rrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y pro­mover un sentimiento de antipolítica del que sólo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autori­tarios”, afirmó Francisco desde el Vaticano.

¿Hablaba del caso Romero Feris? No. Pero sí. La ad­monición genérica adquiere condición de denuncia puntual. ¿Acaso hay alguna diferencia entre lo que vivió el ex gobernador correntino y lo que acaba de describir el Papa?

Ahora bien, qué es el “lawfare” al que se refiere Francisco. La traducción de la palabra inglesa es “gue­rra jurídica” o algo parecido, y utiliza para referirse a los ataque que se propinan a los oponentes aplicando indebidamente los pro­cedimientos judiciales.

Si el ataque proviniera de otro particular (ejemplo: un oponente político) podría comprenderse, incluso hasta ser aceptado; pero es inadmisible cuando el “lawfa­re” se monta desde la estructura del Estado, cuando los que gobier­nan abusan de las instituciones y de su posición dominante para perseguir y encarcelar a eventua­les competidores. Tanto más despreciable resulta esa guerra librada por los propios integrantes de la magis­tratura que mancillan su investidura y la altura moral que demanda el Poder Judicial.

Como argumento -contundente- de lo expresado por el Papa contra los abusos que se cometen en nom­bre de la Justicia, basta con refrescar el pronuncia­miento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha dado en el caso Romero Feris, al considerar que sufrió detención “ilegítima y arbitra­ria” y que fueron violados sus derechos elementales. El organismo ordenó al Estado argentino a reparar el daño ocasionado y nada se ha hecho. Por esto, se es­pera una condena firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.