Jeanine Áñez busca negociar con el MAS para evitar que La Paz quede aislada

El gobierno interino de Bolivia afirmó ayer que es­taba dispuesto a dialogar con los simpatizantes del ex presidente Evo Morales, para desactivar las protestas que dejaron un saldo de al menos 23 muertos y más de 700 heridos, luego de que los cocaleros de Cochabamba dieran 48 horas a la autopro­clamada mandataria Jeanine Áñez para que renunciara. Sin embargo, el Movimien­to al Socialismo (MAS), el partido de Morales, exigió el repliegue de las Fuerzas Ar­madas, como condición para conversar.

El comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, informó ayer por la mañana que se estaba abriendo un diálogo con los seguidores de Morales, que en El Alto, ciudad aledaña a La Paz, mantenían cerrada la planta de combustibles de Senka­ta, que abastece a la capital. “Estamos agotando el diá­logo, justamente el coman­dante regional de El Alto está abriendo un diálogo con los señores del distrito 8, para que podamos abrir la planta de Senkata y poder trasladar hasta acá el combustible ne­cesario para poder normali­zar (el abastecimiento) en la ciudad de La Paz”, dijo Mon­tero a periodistas, informó la agencia noticiosa estatal ABI.

Pero el MAS respondió ayer por la tarde que no dia­logará mientras el Gobierno no saque a las Fuerzas Arma­das de las calles.

“Exigimos el repliegue de las Fuerzas Armadas; den condiciones para la paz, den condiciones para un diálogo sincero; no puede ser que mientras se está promovien­do el diálogo por un lado, por el otro se estén haciendo masacres con nuestra gente”, afirmó la diputada Sonia Bri­to en conferencia de prensa, acompañada por otros legis­ladores.

En tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo que ayer había ba­jado a la mitad la intensidad del conflicto, y advirtió el Gobierno iniciará acciones legales contra legisladores del Movimiento al Socialis­mo (MAS, el partido de Mo­rales) que inciten a la violen­cia. Indicó que las protestas “han bajado el 50% de inten­sidad”, aunque todavía esta­ban “registrándose algunos enfrentamientos en Sacaba (departamento Cochabam­ba)”, si bien “disminuyen­do la intensidad” de ellos, y permanecían abiertos focos de conflicto en El Alto y en Yapacaní (Santa Cruz).

Mientras tanto, el Gobier­no interino evitó pronun­ciarse sobre el ultimátum que los cocaleros de la región cochabambina de Chapare -donde surgió Morales como dirigente sindical- dieron anoche para que Áñez re­nuncie a más tardar en 48 horas.

En Sacaba, durante el vela­torio de cinco de las víctimas de las protestas, los cocale­ros advirtieron que si Áñez no dimite, realizarán un blo­queo nacional de rutas por tiempo indefinido.

Morales teme una guerra civil: hay pandilleros pagos

Evo Morales, quien hace una semana fue forzado a renunciar a la presidencia de Bolivia, afirmó que teme que estalle una guerra civil en su país, por lo que llamó a sus compatriotas a cesar de inmediato con los enfren­tamientos. “Tengo mucho miedo. En nuestra gestión hemos unido campo y ciudad, oriente y occidente, pro­fesionales y no profesionales. Ahora vienen grupos vio­lentos”, advirtió al ser consultado sobre el riesgo de una guerra civil en Bolivia.

Asimismo, aseguró tener “información de primera mano” de que hay “paramilitares organizados” y “pan­dilleros y drogadictos pagados” por la derecha boliviana para cometer actos violentos en las calles del país.

Según datos del ex presidente, la cifra de muertos se­ría todavía mayor, pues en esta última semana, tras su renuncia el 10 de noviembre, forzada por el acuartela­miento de la Policía y la “sugerencia” del Ejército de que dimita, sumarían cuanto menos 23 muertos “de bala”.

“Hago un llamado a mi pueblo, del campo o de la ciu­dad; pobres, humildes o pudientes que ostentan el poder económico, a que no podemos estar enfrentados pelean­do. Quiero que dejen esta confrontación”, reclamó.s

Decreto presidencial violaría derechos humanos

La Comisión Interamericana de De­rechos Humanos calificó de grave al decreto firmado por la autoproclama­da presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que reprimen las protes­tas de los seguidores de Morales, por­que “desconoce los estándares interna­cionales de derechos humanos”.

“El grave decreto de Bolivia desco­noce los estándares internacionales de DDHH, y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las viola­ciones de DDHH”, advirtió el organis­mo en Twitter.

Junto al mensaje publicó las tres ho­jas del decreto 4078, aprobado el 14 de noviembre con la firma de Áñez y de 11 de sus ministros. El artículo 3 de la nor­ma legal establece que “el personal de las FFAA que participe en los operati­vos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuan­do, en el cumplimiento de sus funcio­nes constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y pro­porcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”