Aborto: el Gobierno frenó el protocolo, pero el debate de fondo sigue activo

Envuelto en una polémica, incluso puertas adentro de la propia administración don­de hay opiniones encontra­das, el gobierno de Mauricio Macri logró frenar la actuali­zación del protocolo para los casos de aborto no punible, una medida que el (ahora, ex) secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, implementó de manera inconsulta, según dicen en la Casa Rosada. A partir de la publicación de un decreto (el viernes último) la situación se retrotrajo al es­tado anterior a la descome­dida intervención del titular del área de Salud Pública de la Nación, sin embargo el de­bate no se desactivó, por el contrario, cobró más fuerza y podría llegar a los tribunales merced a una presentación de un amparo que prepara un abogado constituciona­lista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es interesante el cuadro que se configuró pues se re­novó el debate ya conocido por la aplicación del aborto, pero al mismo tiempo tam­bién se abrió una contro­versia por el efecto legal que tiene la medida firmada y publicada por Rubinstein. Sucede que hay quienes con­sideran que dar marcha atrás con esa medida, que esta­bleció beneficios generales, constituye una ofensa cons­titucional.

“Vamos a pedir que se declare inconstitucional e inconvencional la deroga­ción del protocolo y que se restablezca la vigencia del que publicó el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, en el Boletín Ofi­cial, ya que lo que hizo fue actualizar los métodos para la realización de los abortos que no son penados por la ley, lo que es un derecho para todas las mujeres”, anunció Andrés Gil Domínguez, un abogado constitucionalista que trabaja en el amparo que sería presentado el próximo miércoles en el fuero conten­cioso administrativo federal (que es el encargado de ana­lizar los actos del Gobierno).

La teoría jurídica determi­na que las medidas oficiales en materia de derechos hu­manos nunca pueden ser regresivas, es decir, una vez que se estableció un progre­so hay que respetarlo. Sobre esta base estribará el aboga­do mencionado, aunque hay otros actores de la sociedad civil y política que piensan ir por el mismo camino.

El tema es complejo, ahora además de la discusión de fondo (por el aborto) tam­bién hay una puja por la lega­lidad de la resolución del se­cretario de Salud y el decreto del Presidente que lo derogó. Un intríngulis que será di­fícil de resolver. Le tocará al próximo gobierno, que co­mienza su gestión en 18 días, lidiar con el problema.

Por lo pronto la discusión continúa y la administración de Mauricio Macri se des­pide con un papelón más y un funcionario menos. El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, presentó su re­nuncia el viernes, una vez publicado el Decreto que barría con su medida. A mi­tad de la semana pasada, el miércoles, Rubinstein sacó -de manera inconsulta, di­cen- la Resolución Nº 3.158 por la cual actualizó el “Pro­tocolo para la atención inte­gral de las personas con de­recho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”. Se trata de un mecanismo que rige desde 2015 tras el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Jus­ticia de la Nación en el que en 2012 ratificó que en casos de violaciones las mujeres tiene derecho a acceder a un aborto. Para eso, el máximo tribunal les pidió a todos los poderes del Estado nacional y de las provincias que san­cionen un protocolo para de­terminar los métodos en los que se harán esos abortos en los hospitales públicos.

El Código Penal establece desde 1921 que las mujeres que fueron violadas y que­daron embarazadas no serán sancionadas penalmente en caso de hacerse un aborto. Tampoco las que tengan un embarazo que pongan en riesgo su vida o salud. La ac­tualización del protocolo in­cluía los alcances del nuevo Código Civil sobre menores de edad. Por ejemplo, que las chicas de entre 13 y 16 años pueden consentir una prác­tica de ILE cuando no im­plique un riesgo grave para su salud o su vida. Y que las menores de 13 podrán dar su consentimiento acompaña­das de sus padres o de quien ejerza su cuidado. Pero tras la actualización, el gobierno de Macri criticó la actuación de Rubinstein y ayer publicó en el Boletín Oficial la dero­gación de la actualización del protocolo. La decisión llevó la firma de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Desarrollo So­cial, Carolina Stanley.

“La resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin con­sultar la opinión de sus su­periores jerárquicos”, sostie­ne la derogación, entre otros argumentos.

“SE INCUMPLIÓ LA LEY ADMINISTRATIVA”

Los argumentos del Presidente

A través del Decreto 785/2019 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobier­no derogó la resolución que había firmado el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Ru­binstein, que establecía los procedimientos para la realización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y explicó los argumen­tos por los cuales la medida quedó sin efecto.

- El Ejecutivo señaló que el funcionario actuó “sin consultar la opinión de sus su­periores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e im­plicancias de las cuestiones” que se estaban tratando.

- Asegura que Rubinstein no cumplió con la Ley Nacional de Procedimientos Admi­nistrativos y resaltó que “el Presidente de la Nación es el jefe supremo de la Nación, jefe del Gobierno y responsable político de la ad­ministración general del país”.

- El Gobierno recordó que antes de emitir una resolución “deben cumplirse los proce­dimientos esenciales y sustanciales previs­tos y los que resulten implícitos del ordena­miento jurídico”.

- “La situación descripta significó que no se pudo conformar adecuadamente la vo­luntad de la Administración representada en la intervención de todos los organismos competentes en la materia” (...) “La inobser­vancia de los trámites y formalidades que deben cumplirse antes de emitir la voluntad administrativa, vicia dicha voluntad”.

El decreto en cuestión lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabi­nete, Marcos Peña, y de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

El Ejecutivo precisó que no fueron consul­tadas al respecto ni la Secretaría ni el Conse­jo Nacional de Niñez, Adolescencia y Fami­lia, como así tampoco la Agencia Nacional de Discapacidad ni el Instituto de las Muje­res, aún cuando “varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos” de las personas representadas por estos organismos.s