Una veintena de pasajeros reclamó mejoras y fustigó la suba del boleto

Tal como estaba convocada, se realizó ayer en el recinto del Concejo Deliberante la audiencia pública para tratar el incremento del precio del boleto del transporte urbano de pasajeros. De un total de 31 inscriptos se presentaron 23.

La suba en más de 15 pesos, que se aplicaría en el pasaje de colectivos de la ciudad, generó malestar en los usuarios, quienes aprovecharon para espetar -tanto a los ediles como a los funcionarios de la Comuna y al representante de los empresarios que tienen la concesión del servicio de transporte urbano- las falencias con las que deben lidiar a diario. Entre las más escuchadas estuvieron la mala frecuencia, la falta de refugios, el estado de deterioro de las unidades e inclusive el mal trato de los choferes hacia los pasajeros.

Asimismo, propusieron que el debate por el incremento se suspenda por lo menos dos meses, hasta conocerse las medidas del nuevo gobierno nacional que asumirá en pocos días.

Con el quórum reglamentario de ediles, la audiencia pública arrancó puntual a las 8 y finalizó a las 11.30. Estuvo presidida por el vicepresidente primero del Concejo Julián Miranda Gallino, puesto que Norberto Ast, que estaba al frente del deliberativo comunal, asumió ayer en su banca en la Cámara de Diputados de la provincia.

Durante la audiencia se respetó el tiempo estipulado por la Ordenanza Nº 5345, por lo que todos los participantes hicieron uso de la palabra por un lapso de entre 5 y 10 minutos. Es de resaltar que todo transcurrió en el marco de un clima participativo y de respeto.

RECHAZOS

Vecinos de distintos barrios se pronunciaron en contra de la suba, la mayoría de ellos habitantes de los barrios más alejados del centro de la ciudad. Por ejemplo Dionisia Quintana, del barrio Doctor Montaña manifestó: “Los colectivos pasan de largo y no nos levantan. Faltan refugios. Soy una señora mayor y siempre creí que con cada suba iba a mejorar el servicio, pero eso nunca pasó”.

También Luciana Arias, del barrio Esperanza, criticó el modelo “calesita” que se implementa para dicha zona. “Entra al barrio cada media hora, los chicos esperan mucho tiempo para poder ir a la escuela. No hay refugios y la gente tiene que esperar bajo el sol”, dijo.

En ese sentido, también se manifestó María del Carmen Ramírez, usuaria de la línea 103: “El servicio es pésimo y hay que esperar mucho tiempo. Cuando viene desde el Montaña ya no para porque viene lleno. Pido una mejor calidad en el servicio y estoy en desacuerdo con el aumento”.

Por su parte, Juan Carlos Romera consideró que “no se puede aumentar el boleto en estas condiciones”, puesto que se desconocen las medidas que tomará el presidente electo Alberto Fernández con respecto a los subsidios una vez que asuma. “No podemos estar tratando este aumento ahora, es inconducente, hay que tratarlo dentro de 60 días”, manifestó.

En tanto Elsa Benítez, del barrio Río Paraná, comentó que para poder tomar el colectivo -tanto ella como sus vecinos- deben caminar 30 cuadras hasta la avenida Alta Gracia. “Muchos chicos que tienen doble turno están dejando de ir a estudiar porque tienen que caminar mucho. Si Santa Catalina se arregló para que entren los colectivos, se puede hacer lo mismo en el Río Paraná”, reclamó. Del mismo barrio, Angelina Franco criticó la falta de atención de los choferes para con los usuarios. “Tenemos que esperar que los colectiveros terminen de tomar mate, encima que tenemos que caminar 30 cuadras. Es indignante”, señaló.

Dora Cabral contó que se trata de la segunda vez que asiste a una audiencia pública de esta índole. “No veo que algo haya cambiado, venimos en vano”, dijo. “Tenemos que ir un día antes a los hospitales para sacar turno, porque si no, no llegamos, porque los colectivos arrancan después de las 6. El pato siempre lo pagamos los pobres”, agregó, y se quejó de la escasez de lugares donde realizar la recarga de la tarjeta Sube en dicho barrio, el maltrato de los choferes, la mala frecuencia y el hacinamiento de las unidades que deben soportar: “viajamos como ganado”. Asimismo, invitó a los concejales a “subir de incógnito” a las unidades “para ver como es”.

“No estamos de acuerdo con la suba hasta que asuma el nuevo presidente. Corrientes es una ciudad muy caliente y ni refugios tenemos”, aseguró.

Otra usuaria cuestionó que el servicio a San Cayetano tiene una tarifa de 28 pesos y que cobra en efectivo, pero que por la falta de vuelto a veces se termina pagando $30 o 35 pesos. “La gente viaja con la plata justa, y si no dan el vuelto después no pueden volver”, señaló Leona Rodríguez.

CRISIS

Otra de las oradoras fue la referente del sindicato de Amas de Casa, Amalia Miranda, quien destacó que en gran cantidad de viviendas son las mujeres quienes se encargan del hogar, y que deben administrar los recursos económicos de las familias en este contexto cargado de dificultades. Recordó que están “atravesando una crisis”, por lo que el aumento no debería discutirse “hasta que se retome el rumbo”. Además, hizo referencia a la medida del presidente Mauricio Macri, del traspaso de los subsidios -al transporte de la Nación- a las provincias. Consideró que fue “un traspaso de responsabilidad” y que “se federalizó la crisis más que los recursos”. También criticó la mala frecuencia, la falta de garitas, y sumó la escasa señalética que indiquen dónde se encuentran las paradas. “El costo de este traspaso de responsabilidad no puede ser pagado por las familias. ¿Con qué plata van a pagar el boleto si no pueden garantizar la comida? Pido la suspensión del aumento hasta que se definan las nuevas políticas”, cerró.

A su turno, Rocío Ibarra defendió el beneficio del boleto gratuito para los estudiantes -también para los jubilados-, y cuestionó el hecho de que sólo tengan disponibles cuatro pasajes por día. “Hay alumnos que deben tomar dos colectivos ida y vuelta dos veces por día, para poder ir a clases, y tienen que terminar pagando el boleto”, dijo.

También participó la coordinadora de la Red Corrientes de Derechos Humanos, Hilda Presman. “Creemos que en estas condiciones el aumento es absolutamente inmoral, por una cuestión que tiene que ver con el disvalor social que estamos teniendo con el servicio de colectivos. Es inmoral, en estas condiciones socioeconómicas, pretender que el costo de la crisis lo paguen los usuarios con sus sueldos de hambre, y no las concesionarias que por su avaricia empresarial chantajean y condicionan con tal de ganar”, señaló.

También consideró que existe “un aspecto criminal” en la suba. “Cuando hablamos de este servicio caro, ineficiente, escaso, que los empresarios y la misma gente dicen que se deja de usar, pero el ciudadano común se moviliza con criaturas, entre cinco personas con casco, sin casco, en motos porque no pueden sustentar el costo de este pasaje (a 19 pesos) ¿Qué va a pasar si sube a $40?”, agregó.

En ese sentido, se refirió a la siniestralidad que existe en la ciudad. “Los índices de accidentes que tiene la ciudad son tremendos. El 50 por ciento va en motos, el 80% de los heridos son motociclistas. El 70% es de motonetas de 110 cilindradas. Nuestra población utiliza como modo sustitutivo la moto. Si tuviéramos un servicio de transporte de buena calidad, estamos seguros que disminuiría la siniestralidad vial”. Finalmente, reclamó que la audiencia pública sea vinculante. En ese sentido, dijo: “No queremos más ser estafados. No hay forma de participación democrática si las opiniones vertidas en esta audiencia no son vinculantes”.

También estuvieron entre los oradores el Defensor de los Vecinos de la ciudad de Corrientes, Agustín Payes, y de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia de Corrientes, Nelson Veas Oyarzo.

LA POSTURA DE LA CÁMARA

Asimismo se escucharon las palabras de Javier Harfuch, vocero de la Cámara Empresarial del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), quien informó acerca del estudio realizado que dio un costo total de $109,70 por kilómetro recorrido, que arroja un boleto a $40,19 sin subsidios, y a $37,60, con compensaciones. “Mes a mes se viene cayendo la cantidad de pasajes. La situación es muy difícil”, dijo.

Algunos concejales cuestionaron el mal estado de las unidades, a lo que el referente empresarial respondió: “Con los valores de ingreso no se puede hacer la renovación del 100 por ciento de la flota. Es una utopía”.

Además, explicó que los coches viejos necesitan más inversión en mantenimiento y que un coche 0 KM cuesta 10 millones de pesos. Por otro lado, señaló que de lo que manifiestan los usuarios en cada audiencia toma nota y que se trata de corregir, pero advirtió que falta infraestructura en los barrios. Puso como ejemplo el barrio Río Paraná. “Es imposible que un medio de transporte urbano pueda circular por esas calles”.

Con respecto a los cambios de recorrido dijo: “La ciudad se inunda y los colectivos tienen que pasar por otras calles”. Con respecto al plan de accesibilidad para discapacitados motrices, manifestó que se cumple “estrictamente” lo que señala la ordenanza: tener una unidad adaptada por ramal. “Obviamente no alcanza, pero tampoco es suficiente, porque con esa tecnología, cuando va al Pirayuí, no puede descender porque no tiene cordón cuneta. Tenemos problemas, sí, pero trabajamos día a día para solucionarlos”, señaló.s