El ejercicio frente a la operación

Alberto Fernández todavía no ha jurado como presidente, no recibió el bastón de mando ni se calzó la banda -eso sucederá en apenas ocho días-, sin embargo desde el triunfo electoral a esta fecha dejó en evidencia una pronta inclinación a los peores modales del kirchnerismo, aquellos que definieron una forma de gobernar y terminaron causando el hartazgo de la sociedad. Cuatro años después de esa triste experiencia, el futuro próximo parece un espejo del pasado. Ojalá sea una errónea impresión, pero el hombre no esperó llegar a la Casa Rosada para exhibir la conducta intempestiva que ha caracterizado a ese sector del peronismo que otra vez está a tiro del poder y con intenciones de ejercer una suerte de celaduría de la información periodística, el pensamiento independiente y la opinión crítica. Si este es el sendero por el que transitará -nuevamente- la Argentina significa que el aprendizaje fue nulo.
En los últimos días y desde la trinchera del Twitter, a la que parece muy afecto, el presidente electo disparó una serie de admoniciones contra un periodista que en un artículo expuso el llamativo giro de una causa judicial que salpica a Lázaro Báez, el empresario favorito del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según Hugo Alconada Mon, el periodista en cuestión, un hombre cercano a Fernández asumió la defensa de un imputado y el expediente que iba camino al procesamiento súbitamente se frenó. Esto sucedió luego de las primarias de agosto.
La nota fue publicada el pasado fin de semana en el diario porteño La Nación. En ella, Alconada Mon asegura que una de las “investigaciones más sensibles” contra Báez (que se encaminaba a un procesamiento) “afrontará un nuevo y prolongado retraso” por la intervención de un asesor de Fernández, identificado como Adrián Rois. De acuerdo con el artículo periodístico, el abogado, colaborador y ayudante de cátedra del presidente electo se presentó en Bahía Blanca, donde se tramita la acción penal y asumió la defensa de uno de los acusados en la causa por facturas truchas y presunto lavado de activo: el dueño de la financiera Crediba, Néstor Piñeiro.
Hasta aquí los hechos, que son sagrados, tal como señala un principio del bueno periodismo. Luego, también en la red social, Alconada Mon “vendió” su nota resaltando la curiosidad de que la causa perdió fuerza luego de la aparición del colaborador del electo y se pregunta ¿tráfico de influencias?
Fernández, que ya mostró ser muy quisquilloso con la prensa, no demoró en contestar por la misma vía. Dijo que es ajeno a la profesión de abogado (aunque es profesor de Derecho) y calificó como “miserable” pretender atribuirle intención de mover influencias judiciales. “No voy a soportar en silencio la difamación...”, completó la diatriba.
Hasta aquí el descargo es aceptable. Sin embargo luego siguió con una declaración: “En la Argentina que vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los operadores judiciales, los operadores mediáticos y los jueces y fiscales que operan para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sabelo Alconada Mon”.
Esta última intervención era innecesaria. Además de ampulosa, improcedente para quien está llamado a cumplir un rol superior, gobernar el destino del país. Esa tarea demanda templanza. Nadie espera silencio frente a las especulaciones capciosas, pero sí altura para desbaratar las intrigas retorcidas. En este punto, las advertencias de Fernández sobre erradicar operadores y operaciones sale sobrando, se supone que es una misión inherente a su responsabilidad al frente del Gobierno.
Las instituciones de la República, bastardeadas por el trajín de tantos mentecatos, necesita de figuras íntegras y sobrias en el servicio. Los twitteros están para la liga del escándalo.