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“Sobre Roxana Dalpozzolo no continuó la violencia del robo”

Norte de Corrientes leyó el fallo por el que dos jóvenes fueron condena­dos a 10 y 4 años. Los fundamentos y una familia disconforme.

La sentencia 238 del Tri­bunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2) de la ciudad de Corrientes por el caso Dalpozzolo tiene un considerable volumen, donde -en su meollo- se explica por qué se trató de dos hechos distintos pero concatenados: el robo en grado de tentativa a Irma Dolores Correa y el homici­dio en accidente de tránsito de Roxana Evelyn Dalpoz­zolo, por ende, la imposible aplicación de la figura de “homicidio en ocasión de robo”, tal como lo solicita­ron la Fiscalía y la querella. Disconfome, la familia de la víctima fatal apelará la sen­tencia: su abogado había pedido 25 años (la máxima prevista para tal delito).

De la detenida lectura he­cha por NORTE de Corrien­tes de las 50 páginas del fa­llo surge que el razonamien­to de los jueces Ariel Azcona (presidente del debate), Juan José Cochia y María Zaír Ni­colás fue el siguiente: el pri­mer hecho ilícito concluyó antes de acaecer el segundo y la clave de esta disconti­nuidad ha sido el cese de la “violencia” característica de la sustracción del bien material, la cartera de la se­ñora Correa (en la que había $132). En palabras del TOP 2: “Sobre la señora Roxana Dalpozzolo no continuó la violencia del robo acaecido 700 metros antes, cuyo acto de desapoderamiento había concluido”.

El 26 de noviembre, Enzo Gabriel Gauna fue conde­nado a 10 años como au­tor del homicidio culposo de Dalpozzolo y coautor del robo en grado de ten­tativa de Correa, mientras que Nahuel Ortiz Verdún recibió 4 años, sólo por el segundo hecho. Durante el juicio quedó acreditado que en la tarde del 13 de agosto de 2018, Gauna, de 19 años, conducía una Honda Titán de 150 cc, con la que abor­daron a Correa en la aveni­da Alfonsín (ex Centenario) al 5250, cuando esta iba en una Gilera Smash de 100 cc junto a su hijo de 7 años. Or­tiz Verdún, de 18, iba como acompañante de Gauna y fue quien le arrebató la car­tera a la mujer cuando cayó al suelo, tras propinarle gol­pes y patadas para lograr su cometido. Luego volvió a su­birse al vehículo y allí empe­zaron a ser perseguidos por el ciudadano Jonatan Ariel Rodríguez, quien durante el juicio declaró que venía ob­servando a la “actitud sos­pechosa” de los sujetos des­de hacía unas cuadras. Su persecución acabaría en la avenida Laprida y Marechal, donde la Yamaha embistió a Dalpozzolo, que iba en la parte de atrás de la Moto­mel 110 guiada por su pareja, Matías Galeano.

“La circunstancia de la persecución particular no prolonga el tipo penal origi­nario puesto que lo que hace es garantizar su no consu­mación”, consideró el TOP 2. Y abundó: “Durante la huida los autores no ejercen violencia constitutiva del aspecto objetivo del robo. Sólo Gauna ha puesto sobre sí la responsabilidad de la conducción del motovehí­culo y posterior desatención de la situación de la víctima del accidente vial preten­diendo alejarse de la escena sin prestar auxilio. No ha habido huida violenta sino imprudencia”.

El criterio adoptado hace inaplicable la figura de “ho­micidio en ocasión de robo” (art. 165 del CPA) que “con­templa la muerte derivada de la violencia física típica” del robo.

LOS JUECES ARIEL AZCONA, JUAN JOSÉ COCHIA Y MARÍA ZAÍR NICOLÁS LEYENDO EL VEREDICTO.

El peso incriminante del testigo perseguidor

Nahuel Ortiz Verdún, quien reci­bió 4 años como coautor del delito de “robo en grado de tentativa” y deslin­dado de responsabilidad penal sobre la muerte de Roxana Dalpozzolo, ha­bía dicho -en sus “últimas palabras” antes del veredicto-: “No tengo nada que ver con esta causa”. Su defensor, Guillermo Rojas Busellato, en los ale­gatos afirmó: “En este debate no se ha producido un solo elemento proba­torio objetivo y contundente que de­muestre que ha participado”.

El elemento incriminante ha sido el testimonio de Jonatan Ariel Rodrí­guez, quien los persiguió tras el arre­bato a Irma Correa, y horas después del choque terminó con la vida de Roxana Dalpozzolo, donde Enzo Gau­na fue retenido mientras que su acom­pañante logró escapar.

El Tribunal Oral Penal Nº 2 en su fallo consideró: “Nada impide que un tercero aporte a la prevención infor­mación útil para la identificación del o los autores de un hecho delictivo. Ro­dríguez, a partir de la referencia escu­chada respecto de la persona fugada, realiza una búsqueda por redes socia­les identificando en la foto de perfil a la persona que había visto de cerca -de acuerdo a su propio testimonio- horas antes”.

Una familia que quedó disconforme

Ante la disconfor­midad que dejó en la familia de Roxana Dal­pozzolo la sentencia condenatoria a Gauna y Ortiz Verdún, el abo­gado que los representa manifestó que irán en queja a la instancia de Casación.

“Vamos a presentar el recurso porque disenti­mos con los fundamen­tos dados por el Tribu­nal y vamos a insistir con la carátula de ho­micidio en ocasión de robo. Necesitamos que eso se convalide”, dijo días atrás el querellante Martín Ríos. Los padres de la víctima, Omar Dalpozzolo y Cristina Fernández, en una en­trevista televisiva ex­presaron su disconfor­midad con el fallo: “Nos da inseguridad que Or­tiz Verdún vuelva pron­to a las calles”.

Es que según la ley de Ejecución de Penal (24.660) el condenado puede obtener benefi­cios de libertad progre­siva a partir de haber cumplido dos tercios de la condena. En el caso del susodicho, esto ocurrirá a principios de 2021.